REGLA FISCAL, SOSTENIBILIDAD FISCAL Y LEY DE VÍCTIMAS

El presidente Santos y el ministro Restrepo

El 10 de septiembre de 2010, escribí un artículo sobre la ponencia radicada el martes 7 del mismo mes denominada “Por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras” en aquella época concluía mi exposición con un moderado optimismo acerca de que el trámite fuera rápido sin mayores transformaciones de fondo y beneficiosa a todos los Colombianos.

Hoy martes 31 de mayo celebró la conclusión de la etapa de conciliación entre el senado y la cámara de una nueva ley que no solo es la restitución de la tierra sino también la de reparación integral a las víctimas de la violencia política desde 1985.

La nueva ley que deberá realizar un último trámite protocolario ante la cámara y el senado, estará lista para la sanción presidencial la próxima semana. Ahora vendrá el complejo y tortuoso camino de su implementación y es aquí donde intervienen la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal.

La regla fiscal es un conjunto de normas técnicas económicas encaminadas a controlar el exagerado ingreso de divisas por concepto de algún renglón de exportaciones, soportadas esencialmente en el ahorro y el gasto controlado de las mismas para así evitar males económicos como la denominada Enfermedad Holandesa.

La sostenibilidad fiscal es una ley que ajusta los gastos e inversiones de todo el aparato estatal a la disponibilidad presupuestal a un nivel que hasta los fallos legales de las altas cortes que comprometen reparaciones de algún tipo estarán sujetos a esta disponibilidad de fondos predeterminados. Y hace parte del eterno enfrentamiento entre la teoría clásica de la economía, escuela de Adam Smith predicador del libre mercado, la libre competencia y la poco participación estatal y la escuela de John Maynard Kaynes, amigo del intervencionismo oficial.

La regla fiscal está incorporada como parte de la nueva reglamentación de las regalías, a las que se les rediseño su distribución para cubrir a todo el país y que necesariamente debían ser puestas en cintura por el continuo despilfarro que se había hecho con estos recursos.

La ley de sostenibilidad fiscal si es una peligrosa barbera que puede limitar derechos fundamentales que el estado indebidamente no ha reconocido o respetado a algunos ciudadanos vulnerados con el incumplimiento de ellos, como por ejemplo el derecho a la salud.

Se entiende que ambas herramientas limitaran la inversión y controlaran el gasto, sus detractores ven en ellas peligrosos manejos centralistas en el destino y uso de recursos, asignación y distribución de regalías hacia determinados sectores y proyectos e intromisión en las decisiones jurídicas con un argumento netamente económico.

Sus defensores ven en ellas un control a la corrupción generalizada en las regiones y una cortapisa a los fallos vía tutela que reconocen derechos fundamentales violados o desconocidos por la ineficiencia del estado.

Y los vínculos de estas normas con la nueva ley eran precisamente si desempeñarían su papel de amarre y de control debido o indebido, para la política de indemnizaciones económicas y de recursos para la compra de tierras para su restitución, a parte de la regulación a los proyectos que las regiones y municipios establezcan para aportar y apoyar su implementación.

En la conciliación que esta mañana se terminó entre el senado y la cámara se negocio que el tema de la sostenibilidad fiscal no afectará la implementación de esta ley, lo que muestra que el presidente Santos y sus ministros Echevérry de hacienda y Restrepo de agricultura están decididos a jugársela toda por la aplicación de la mejor manera de todo este conjunto de normas.

El ministerio de agricultura ya había publicado una hoja de ruta para usar con la nueva ley desde el mes de agosto pasado, y yo la voy a analizar y a comentar para ustedes estimados lectores próximamente.