jueves, 27 de junio de 2013

DESORIENTANDO A LA SOCIEDAD


Fotografía  www.senado.Gov.co
COMISION 1A SENADO DECOLOMBIA

Reivindicando el contenido que expuso Noam Chomsky en sus 10 postulados de la manipulación mediática, el mundo rueda sobre episodios de violencia maximizados por la prensa, los concursos o encuestas de popularidad de hipotéticos prominentes ciudadanos, las intensas discusiones e informaciones sobre la eminente amenaza del terrorismo mundial u otros ejemplos de inciertos hechos apocalípticos que se ciernen sobre la humanidad.

Pero mientras todos nos distraemos pensativos o abismados por toda esta suerte de convenientes informaciones, en los parlamentos, congresos o cámaras de diputados se discuten leyes que limitan derechos, eliminan antiguas conquistas, invaden la privacidad o menoscaban principios, auspiciando el aumento de la inequidad que constituye pieza fundamental de la injusticia que carcome actualmente a nuestras sociedades.

Mientras en Colombia discutimos sobre lo conveniente o no de la designación de Uribe como el gran colombiano el congreso continua con su estrategia de desmantelar la tutela, única vía jurídica para obligar a instituciones privadas que realizan tareas publicas u organizaciones gubernamentales a respetar y amparar derechos fundamentales vilmente ignorados o mal acogidos.

El procurador general sin pudor alguno, recurre el fallo que disminuyo las onerosas pensiones de una minoría de togados y congresistas, que desgastan de manera ostensible las finanzas del sistema nacional de pensiones.

La nueva ley de salud que ha ocupado primeras planas de periódicos y noticieros en días pasados es objeto de una conciliación entre ambas cámaras, en la que se suavizan conceptos como el de control de los precios a los medicamentos, estratagemas que resultan beneficiosas para justificar la desatención de las enfermedades de carácter catastrófico; además de permitir que nazcan novedosas cortapisas pactadas en el nuevo acuerdo, con el fin de limitar los intentos de reclamación de los usuarios.

En Europa las noticias sobre el conflicto en Siria o las del espionaje desde Estados Unidos a los ciudadanos del común denunciados por el ex contratista de la CIA, desplazaron por completo las historias de penuria y la pauperización de la sociedad helena, perdiendo vigencia e importancia estas nefastas noticias para el resto de la ciudadanía europea, con el consecuente aumento de nuevas dificultades para los griegos, que no cuentan ya con la imprescindible solidaridad de sus pares europeos para suavizar las draconianas medidas económicas que les imponen y no parecen terminar.

En Estados Unidos el temor al terrorismo islámico o de cualquier otra índole originado en el extranjero y estimulado convenientemente y continuamente por congresistas y algunos medios de la derecha, encubre una disminución creciente en las libertades civiles y de su muy encumbrado derecho de individualidad y no injerencia del estado en asuntos privados vigente desde la fundacion de su país, otrora bandera ideológica del credo republicano, que día tras día ahora prescinden de este pilar fundamental para cederlo ante el control federal.

Suena como ilógico comentar de estas situaciones puesto que todos continuamos imperturbablemente, embriagados por la programación televisiva superficial o con los atafagos del diario vivir, además del resto de estrategias de entretenimiento dispuestas para que todos sucumbamos, mientras quienes nos representan y deben velar por nuestros legítimos derechos, nuestra privacidad y nuestra tranquilidad general comploten, para disminuir o eliminar todos estas normas y derechos.

Pero de cuando en cuando hay que recordar que muchos de los aparentes peligros y desventuras a los que nos vemos sometidos como sabiamente los describe Chomsky, no son mas que métodos necesarios para alimentar el miedo que permite mantener el control de las elites sobre nuestras vidas.

miércoles, 19 de junio de 2013

DERECHOS CIUDADANOS CONCULCADOS



REVOCATORIA DEL MANDATO E INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL


ACTUAL CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIA
Nada más atractivo para un político perteneciente a las vertientes tradicionales, que inmiscuirse en la neutralización o en la manipulación de leyes estructuradas para proteger derechos fundamentales, o para castigar a gobernantes contraventores de sus programas y propuestas.

Estos insólitos acontecimientos no se limitan a acaecer en nuestro cavernario país, sino que ocurren comúnmente en la actualidad, hasta en sociedades que hemos admirado y envidiado por su respeto a la individualidad y la normatividad transparente.

Porque no puedo dejar pasar de manera inadvertida las denuncias interpuestas por un ciudadano de Estados Unidos, ex contratista de la CIA quien ha puesto al descubierto un proceso de espionaje con límites desconocidos, sobre el tráfico mundial de internet; suceso que muchos consideran como herramienta fundamental para controlar el terrorismo internacional, pero que en el fondo es la apertura de una caja de pandora contra libertades y derechos, que recuerda hechos ya vividos por la humanidad en otros momentos históricos y que nunca terminaron bien, prohibiendo y persiguiendo a todos aquellos que opinaran diferente o pertenecieran a minorías de algún tipo. Todas estas leyes se crean con el perfil del servicio para el estado y la seguridad pública, pero siempre se transforman en herramientas de persecución y de violaciones (argumentos fascistas), basta solo con repasar hechos históricos semejantes a través del siglo 20 en diferentes naciones y continentes, como por ejemplo el Macartismo entre 1950 a 1956.

Regresando a los dos casos puntuales sobre los que hago referencia en el segundo encabezado del presente texto; resulta sumamente preocupante que una norma que fue establecida desde 1994 y que se denomina mecanismos de participación ciudadana y que en su artículo 6 instituye exclusivamente la manera de revocar el mandato por incumplimiento de sus programas a dos tipos de funcionarios de elección popular, como son alcaldes y gobernadores, se ha distorsionado al nivel de convertirse en el instrumento de revancha en contra de opositores ideológicos o en el peor de los casos para acallar a un hombre que desnudó el caso de corrupción mas gigante en la historia moderna de Colombia

El otro asunto es un paquete de recientes normas incluidas como parte de la reglamentación de la llamada sostenibilidad fiscal, que está en trámite de aprobación y vienen amparadas a través de un nuevo decreto llamado incidente de sostenibilidad fiscal, que en sus artículos 6 y 13 agrega nuevas cortapisas presupuestales para atender los reclamos pecuniarios establecidos por los fallos de tutela, afectando de manera radical las sentencias de reparación de víctimas y las que conciernen a la prestación de servicios de salud de costo extremo que se derivan de la no atención por enfermedades catastróficas, como son tratamientos de cáncer, trasplantes de  corazón y de riñón, tratamientos contra el SIDA y sus patologías derivadas, reemplazos articulares, diálisis por insuficiencia renal crónica entre otras.

Esta herramienta que dependerá en su uso del ministerio de hacienda o en su defecto de la entidad publica que debería responder por el fallo de tutela, establece que se implementaran límites a los desembolsos extraordinarios del presupuesto de la nación o de las entidades afectadas por la resolución judicial de tal manera como lo argumenta este pequeño trozo extraído del articulado “ En el mes siguiente a la realización de la audiencia a la que se refiere el artículo 12 de la presente ley, la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según corresponda, decidirá por mayoría de sus miembros si procede a modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal.”.

Con esta información a mano se concluye, que con decretos de carácter económico se pretende disminuir la capacidad de resarcir derechos fundamentales desconocidos, o reducidos por la desidia o la ineficiencia de las entidades obligadas a responder por estos derechos.

Todos estos hechos constituyen la conculcación de derechos ciudadanos, que es simplemente el quebrantamiento ético, moral  de principios, obligaciones o hasta de leyes, por ello debemos cuestionar civilizadamente estos exabruptos legales, argumentando como estas acciones restringen, cercenan o cambian la esencia de normas establecidas para defendernos de los excesos estatales.

viernes, 14 de junio de 2013

ALIANZAS O MEJOR ABSORCIONES

Ceremonia de firma TLC con UE en 2012
A raíz de la discusión planteada en el subcontinente sudamericano por la hipotética vinculación de Colombia al seno de la OTAN, me planteé si estos convenios militares, económicos o sociales eran enlaces beneficiosos para todas las partes o por el contrario como sucede en la mayoría de los asuntos humanos se perciben desbalances y más que alianzas o tratados parecen imposiciones.

Nuestro país está vinculado a la ONU y a la OEA como principales asociaciones mundiales y hemisféricas respectivamente, pero además se ha unido a un sinnúmero de instituciones multilaterales como El Grupo de Rio, UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones,  La OIC, El FMI, La OMC entre otras, pero adicionalmente ha negociado acuerdos comerciales o tratados de libre comercio bilaterales con algunas naciones o grupos económicos  como Chile, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur y la Unión Europea además del acuerdo de desgravación arancelaria con la nueva organización denominada Alianza del Pacífico integrada por México, Perú, Chile, Costa Rica y Colombia.

Soy un abanderado del libre comercio y de la integración continental pero conservando salvaguardas que protejan sectores sensibles y a los descendientes de las culturas pre hispánicas con sus conocimientos centenarios.

También debo aclarar que este no es un pormenorizado análisis de los efectos positivos y negativos que traen los acuerdos y vínculos establecidos por los sucesivos gobiernos colombianos, es sencillamente una opinión establecida a partir de la observación simple de cómo nos está yendo con la inclusión en estas asociaciones, ante el nuevo panorama mundial en lo político y comercial.

En los tiempos de implementación del plan Colombia, llego a mi conocimiento las limitaciones que el ministerio de defensa debía tolerar en las listas de proveedores de armas, helicópteros y piezas de repuestos para las campañas que soportaba este plan de ayuda del gobierno norteamericano; estas restricciones estipulaban compras a las compañías de insumos bélicos aportantes a las campañas electorales de los congresistas de esa nación, que conformaban los comités en donde se aprobaban los presupuestos de ayuda con destino a nuestro país; en esas conversaciones en las que conocí de estas imposiciones, descubrí que existían mejores ofertas en lo técnico y en lo económico por parte de otras empresas   de armas establecidas en Estados Unidos, pero igualmente resultaba imposible insistir en incluirlas como proveedores debido a los compromisos que se firmaban con Washington en donde se imponían estas condiciones.

Ahora tras haber transcurrido más de un año de la puesta en ejecución  del tratado de libre comercio con la unión americana y al menos de dos años con el Canadá y a portas de entrar en vigencia el firmado con la Unión Europea, me cuestiono sobre la favorabilidad de estos acuerdos, los datos hasta ahora recopilados sobre el desempeño de nuestras exportaciones con destino a estos mercados no avizoran mejoras mas que exiguas con respecto  a los volúmenes exportados antes de la vigencia de los acuerdos; y por el contrario nuestras importaciones registran sustanciales aumentos, que empiezan a sembrar descontentos y protestas entre los sectores, cuya legislación en los tratados no fue protegida con solvencia ante la arremetida de los productores extranjeros  provistos de subvenciones de todo nivel; por ello hemos visto a los sectores agrícolas principalmente, realizando paros con manifiesta violencia, como los caficultores y los productores de papa, además de transmitir este clima de descontentos a otros sectores vulnerables como el lechero, que finalmente este miércoles 12 de junio obtuvo un nuevo compromiso del gobierno para que a través de créditos blandos y asistencia técnica para los pequeños productores, mitiguen las rápidas desgravaciones  arancelarias que son parte de los acuerdos.

Al hacer un cotejo, entre las limitaciones exigidas por el gobierno de Estados Unidos con el plan Colombia a través los procesos de compras y adjudicaciones de contratos a determinadas compañías, con los métodos de negociación en condiciones desfavorables para los productores nacionales, de las directrices que regulan el tratado de libre comercio con la misma nación, se comprende el porqué de la implantación de cláusulas incambiables vinculadas a las ayudas del plan Colombia, pero resulta incomprensible que en negociaciones entre socios comerciales, los representantes de Colombia no protejan los renglones más expuestos por la debilidad de nuestra pequeña economía confrontada ante la del coloso norteamericano, amparos que residen en ampliar los plazos de desgravaciones y en la creación alterna de subsidios, bandas de precios y además de la tecnificación para mejorar la competitividad, tal como se expuso el día 12 de junio con la industria lechera nacional.

Con las nuevas intenciones del gobierno Santos de continuar sus planes de integración comercial través de los TLC y de otras asociaciones como la alianza del Pacífico, subsisten muchos otros aspectos por revisar como nuestra deficiente infraestructura o nuestros elevados costos de comercialización energética,que son de los de mayor precio en Latino américa. Así de esa manera mientras existan obstáculos tan marcados, pocas son nuestras oportunidades y ventajas competitivas ante otras naciones, y con ello no estamos realizando convenios provechosos sino más bien creando condiciones para que nuestra economía sea absorbida.  

En conclusión hay que desarrollar mejores herramientas de negociación mientras actualizamos la atrasada infraestructura de puertos, carreteras y ferrocarriles, o lo lamentaremos pues los convenios actuales nos golpearan muy fuerte, principalmente eliminando plazas de empleo; aun así la estrategia de encerrarnos en burbujas proteccionistas tampoco es la panacea pues la tendencia es la globalización y el proteccionismo no resuelve la falta de liderazgo, de creatividad y la escasa competitividad.

martes, 4 de junio de 2013

DISCERNIMIENTO SOBRE LA LIBRE OPINIÓN



Miembros de la CIDH en Washington


Fotografía sitio wed de CIDH
La libertad de expresión y de opinión es sin duda un derecho preciado y fundamental para el género humano, protegido por la legislación con el carácter de universal como lo confirma el artículo 19 de la declaración de derechos humanos que lo define así “todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión”,  lamentablemente esta norma es una expresión violada con marcada frecuencia, como lo documenta Amnistía Internacional en su reciente informe del 2012, en donde registra violaciones concretas en al menos 101 países.

Para la comisión Interamericana de Derechos Humanos, la obstaculización del libre debate de ideas y opiniones limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático y para ello nos recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre y la convención Americana sobre derechos humanos, además hace parte de la resolución 59 de la Asamblea de Naciones Unidas y de la declaración 104 de la UNESCO

Este preámbulo lo he realizado con el fin de establecer cuán importante es este derecho y así debatir cómo se hace de necesaria la autorregulación por parte de escritores de opinión y periodistas, además de la publicación de noticias y opiniones fundamentadas y confirmadas sin poner en riesgo la honra de las personas.

Hay una controversia que se debe actualmente establecer y es por qué los medios de inmensa cobertura han sido permeados por los grupos financieros e industriales, perdiendo por completo su objetividad e independencia convirtiéndose en el garrote  para castigar a disidentes, opositores y a todo aquel que entre en desacuerdo con los lineamientos económicos impuestos por estos grupos en el poder, usualmente abanderados del neo liberalismo económico y del conservadurismo político.

El método a seguir es la difamación sutil, arma esgrimida en Colombia, Ecuador y aun es Estados Unidos, por hábiles comentaristas de televisión, periodistas radiales y analistas de opinión, quienes jamás traspasan el umbral para llegar a la injuria o la calumnia, delitos que son penados con diferentes niveles de castigos desde pecuniarios a la privación de la libertad  según se determine en las legislaciones de estas naciones (en Colombia es un delito castigado con pérdida de la libertad).

Quien con contundencia se ha defendido de este juego provocador de canales de televisión y periódicos es el presidente Correa del Ecuador, quien deplorablemente se ha extralimitado en la respuesta a la disputa sostenida con el grupo de medios más influyente de su país y quienes defienden intereses del sistema financiero y son portavoces de políticos a quienes Correa a sindicado de corruptos; esta confrontación la ha valido al presidente ecuatoriano el adjetivo de contrario a la libre expresión por parte de sindicatos internacionales de periodistas y aun de la comisión interamericana de derechos humanos.

De todas maneras Correa tiene sus razones, los medios periodísticos no deben ser el instrumento de despotricar del régimen gobernante, sin mediar investigaciones serias y argumentos contundentes, pues su poder de penetración en la sociedad subvierten la gobernabilidad y posibilitan la ruina del sistema democrático que presumen defender; mas esto no le confiere el derecho a tramitar leyes que autorizan la mordaza legal en contra de todos aquellos que critiquen las actuaciones de su gobierno; el enjuiciamiento sano es necesario y la prensa es el poder llamado para ejecutarlo, porque no existen políticos ponderados con todos los sectores y a los gobiernos se les va la mano protegiendo a sus partidarios y sancionando a quienes no son sus aliados.

En Colombia el ejemplo se establece con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro vituperado por los 2 canales privados, los 2 periódicos principales de la capital y por las 2 cadenas radiales que ostentan el mayor número de oyentes.

Esta cacería de brujas  lanzada desde su posesión como alcalde ha degenerado en una inmensa polarización entre quienes desaprueban o avalan la gestión, además ha creado una figura de mártir de la causa para el alcalde, entre los pobladores ajenos a los vaivenes de la política y de los grupos de poder; esta imagen se ha acentuado como consecuencia de las denuncias que el realizó como senador,  sobre la abultada corrupción en la contratación pública en Bogotá,  que hasta al momento deja a 2 concejales presos, a otros 4 vinculados a la investigación, además de varios funcionarios distritales, un alcalde destituido y preso en investigación y algunos contratistas de gran envergadura económica y profesional, demostrando con ello que Petro es la figura anti corrupción que la ciudadanía ha estado buscando.

La ironía en esta historia es que entre más le desprestigian los medios, las ejecuciones y los hechos desmienten a sus detractores periodísticos, mejorando la imagen del alcalde y desacreditando a sus perseguidores por embusteros.

En Estados Unidos es a su presidente a quien le ha tocado capear a la prensa conservadora contraria a su gestión, medios que han inclusive cuestionado su nacimiento en el estado de Hawái o su orientación religiosa, siempre cumpliendo la premisa de sugerir sin difamar, pero podemos recordar el adagio popular que proclama como una mentira repetida muchas veces se puede convertir por ello en realidad.

Las libertades de expresión y de opinión acarrean obligaciones y responsabilidades, y no son tiquete expreso para apabullar opositores bajo la protección de las leyes universales que amparan estos derechos; el debate se centra en hasta donde se puede informar de las actuaciones públicas y privadas de las figuras publicas y en donde se establece el límite lo que se puede cuestionar, criticar y controvertir de las acciones y ejecuciones de las personas notables, puesto que la frontera es difusa como consecuencia de que el interés general prima sobre el particular, pero eso tampoco justifica una patente de corso para permitir la difamación y la injuria.

Además esta ruin maña alienta a otros líderes a limitar y obstruir el derecho a informar y a opinar, ajustando la legislación al tamaño de sus necesidades, coartando la crítica sana y el disenso sobre planes, políticas y excesos que afectan a todo el conglomerado.