 |
| Miembros de la CIDH en Washington |
Fotografía sitio wed de CIDH
La libertad de expresión y de opinión es sin duda un derecho
preciado y fundamental para el género humano, protegido por la legislación con
el carácter de universal como lo confirma el artículo 19 de la declaración de
derechos humanos que lo define así “todo individuo tiene derecho a libertad de
opinión y de expresión”, lamentablemente
esta norma es una expresión violada con marcada frecuencia, como lo documenta
Amnistía Internacional en su reciente informe del 2012, en donde registra
violaciones concretas en al menos 101 países.
Para la comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
obstaculización del libre debate de ideas y opiniones limita la libertad de
expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático y para ello nos
recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en
la declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre y la
convención Americana sobre derechos humanos, además hace parte de la resolución
59 de la Asamblea de Naciones Unidas y de la declaración 104 de la UNESCO
Este preámbulo lo he realizado con el fin de establecer cuán
importante es este derecho y así debatir cómo se hace de necesaria la
autorregulación por parte de escritores de opinión y periodistas, además de la
publicación de noticias y opiniones fundamentadas y confirmadas sin poner en
riesgo la honra de las personas.
Hay una controversia que se debe actualmente establecer y es por
qué los medios de inmensa cobertura han sido permeados por los grupos
financieros e industriales, perdiendo por completo su objetividad e independencia
convirtiéndose en el garrote para
castigar a disidentes, opositores y a todo aquel que entre en desacuerdo con
los lineamientos económicos impuestos por estos grupos en el poder, usualmente
abanderados del neo liberalismo económico y del conservadurismo político.
El método a seguir es la difamación sutil, arma esgrimida en Colombia,
Ecuador y aun es Estados Unidos, por hábiles comentaristas de televisión,
periodistas radiales y analistas de opinión, quienes jamás traspasan el umbral
para llegar a la injuria o la calumnia, delitos que son penados con diferentes
niveles de castigos desde pecuniarios a la privación de la libertad según se determine en las legislaciones de
estas naciones (en Colombia es un delito castigado con pérdida de la libertad).
Quien con contundencia se ha defendido de este juego
provocador de canales de televisión y periódicos es el presidente Correa del
Ecuador, quien deplorablemente se ha extralimitado en la respuesta a la disputa
sostenida con el grupo de medios más influyente de su país y quienes defienden
intereses del sistema financiero y son portavoces de políticos a quienes Correa
a sindicado de corruptos; esta confrontación la ha valido al presidente
ecuatoriano el adjetivo de contrario a la libre expresión por parte de
sindicatos internacionales de periodistas y aun de la comisión interamericana
de derechos humanos.
De todas maneras Correa tiene sus razones, los medios periodísticos
no deben ser el instrumento de despotricar del régimen gobernante, sin mediar
investigaciones serias y argumentos contundentes, pues su poder de penetración en
la sociedad subvierten la gobernabilidad y posibilitan la ruina del sistema
democrático que presumen defender; mas esto no le confiere el derecho a
tramitar leyes que autorizan la mordaza legal en contra de todos aquellos que
critiquen las actuaciones de su gobierno; el enjuiciamiento sano es necesario y
la prensa es el poder llamado para ejecutarlo, porque no existen políticos
ponderados con todos los sectores y a los gobiernos se les va la mano
protegiendo a sus partidarios y sancionando a quienes no son sus aliados.
En Colombia el ejemplo se establece con el alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro vituperado por los 2 canales privados, los 2 periódicos
principales de la capital y por las 2 cadenas radiales que ostentan el mayor
número de oyentes.
Esta cacería de brujas lanzada desde su posesión como alcalde ha
degenerado en una inmensa polarización entre quienes desaprueban o avalan la
gestión, además ha creado una figura de mártir de la causa para el alcalde,
entre los pobladores ajenos a los vaivenes de la política y de los grupos de
poder; esta imagen se ha acentuado como consecuencia de las denuncias que el
realizó como senador, sobre la abultada
corrupción en la contratación pública en Bogotá, que hasta al momento deja a 2 concejales
presos, a otros 4 vinculados a la investigación, además de varios funcionarios
distritales, un alcalde destituido y preso en investigación y algunos
contratistas de gran envergadura económica y profesional, demostrando con ello
que Petro es la figura anti corrupción que la ciudadanía ha estado buscando.
La ironía en esta historia es que entre más le desprestigian
los medios, las ejecuciones y los hechos desmienten a sus detractores periodísticos,
mejorando la imagen del alcalde y desacreditando a sus perseguidores por
embusteros.
En Estados Unidos es a su presidente a quien le ha tocado
capear a la prensa conservadora contraria a su gestión, medios que han
inclusive cuestionado su nacimiento en el estado de Hawái o su orientación religiosa,
siempre cumpliendo la premisa de sugerir sin difamar, pero podemos recordar el
adagio popular que proclama como una mentira repetida muchas veces se puede
convertir por ello en realidad.
Las libertades de expresión y de opinión acarrean obligaciones
y responsabilidades, y no son tiquete expreso para apabullar opositores bajo la
protección de las leyes universales que amparan estos derechos; el debate se
centra en hasta donde se puede informar de las actuaciones públicas y privadas
de las figuras publicas y en donde se establece el límite lo que se puede cuestionar,
criticar y controvertir de las acciones y ejecuciones de las personas notables,
puesto que la frontera es difusa como consecuencia de que el interés general
prima sobre el particular, pero eso tampoco justifica una patente de corso para
permitir la difamación y la injuria.
Además esta ruin maña alienta a otros líderes a limitar y
obstruir el derecho a informar y a opinar, ajustando la legislación al tamaño
de sus necesidades, coartando la crítica sana y el disenso sobre planes,
políticas y excesos que afectan a todo el conglomerado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario