CORRUPCIÓN, SOBORNO O COHECHO; ACONTECIMIENTOS DE VIEJA DATA EN NUESTRA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA

PALACIO LIÉVANO
ALCALDIA DE BOGOTÁ

Por estos días el carrusel de la contratación en Bogotá, ha sacado a la palestra el termino corrupción, retomando la importancia de establecer normas muy claras para combatir este cáncer nacional; pero antes de comenzar toda una discusión sobre el fenómeno Colombiano y los diferentes matices y escenarios a los cuales referirse, haré esta introducción sobre sus alcances y significados alrededor del orbe.

La corrupción es un concepto muy amplio que abarca entre otras, determinadas conductas de los servidores públicos como: soborno, malversación de bienes, tráfico de influencias, abuso de funciones y de autoridad y enriquecimiento ilícito. O en el sector privado algunas como: crimen organizado, blanqueo de dinero y soborno como sus más claros modelos. Para las Naciones Unidas llego a ser un tema de tanta importancia que expidió la resolución 55/61 el 4 de diciembre de 2000, con la cual estableció un comité encargado de negociar un instrumento jurídico internacional eficaz contra este flagelo y pidió al secretario general que constituyera un panel de expertos para preparar un proyecto de mandato para la negociación de esas reglas normativas.

Como podemos observar el asunto a nivel internacional no ha sido de poca monta. Regresando a nuestra problemática nacional el hecho que todas estas nuevas denuncias en Bogotá las hayan hecho integrantes del partido de gobierno, que se encuentra en el poder en el palacio Lievano (Alcaldía De Bogotá), le adiciona un elemento nuevo que no tiene precedentes en la historia reciente. Pero no pretendo realizar un juicio a los actores de este nuevo episodio de la vida nacional; más vale quiero realizar una crónica de episodios muy sonados de prácticas que faltan a la verdad y al respeto a todos los enunciados que irían contra la corrupción en la región y en el país.

En los años Ochenta, Emcali se embarco en un ambicioso proceso de mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado; como contratista de la oficina de divulgación, conocí de cerca este proceso que tuvo entre sus beneficios no muy claros el permitir que el famoso distrito de Agua Blanca, pasara de ser un área rural a ser urbana y así cambiar su uso y destino de prácticas agrícolas a las de asentar viviendas con su necesario desarrollo de servicios públicos. Lo que nunca se aclaro fue la figura de convertir hectáreas a metros cuadrados, pues los predios rurales se negocian en plazas o en hectáreas y los predios urbanos en metros cuadrados, incrementando en muchos pesos el valor de la propiedad para sus iniciales tenedores.

Con el correr de los años llegamos a la época del famoso proceso 8000 en junio de 1995, causa jurídica que involucró a destacados periodistas, políticos y comerciantes con los socios del Cartel** de Cali, pero lo que jamás se esclareció es que la ciudad por entero se había doblegado a pactar y coexistir en todos sus niveles económicos y sociales con personajes vinculados a las actividades del Cartel.

Ya en pleno siglo 21, tuvimos al alcalde Apolinar Salcedo, destituido e inhabilitado por sus procederes no muy claros con la contratación pública; y en el ámbito nacional los dos últimos años han estados salpicados por las historias de los subalternos del ex presidente Uribe, que han dejado con su comportamiento irregular una imborrable marca en la memoria colectiva del país.

Deduzco que este episodio de la contratación en Bogotá no será el último en el entorno nacional, pero hay remedios para el endémico mal. Los Norte Americanos tienen institucionalizado la práctica del lobby, estatuido con sus reglas evitando en un alto grado hábitos desleales contra el erario público. En el momento actual el congreso de Colombia estudia reglas con este propósito, que esperemos nos conduzcan a establecer normas para contrarrestar las praxis del soborno y el cohecho, quedando de seguir combatiendo con los organismos de control y vigilancia otras rutinas de la corrupción como la malversación de bienes, el abuso de funciones y el de autoridad. Para el sector privado solo se puede exigir más moralidad y respeto a la ley, en áreas como el blanqueo de dinero y el enriquecimiento ilícito, pues en la negociación privada no pueden intervenir los entes de control fiscal.

Cierro esta participación con la esperanza que todos estos episodios fortalezcan la moral y el respeto de todo el colectivo al imperio de la ley.