Los sistemas de seguridad social alrededor del mundo están enfrentando una crisis, esa es una realidad de la que nadie se debe olvidar, el número de a portantes frente a la cantidad de beneficiarios que no contribuyen cada día se desequilibra más; el crecimiento de la longevidad, la disminución del empleo entre los jóvenes menores de 25 años a tasas nunca vistas hace conjeturar el colapso del sistema a menos que se realicen reformas vigorosas y dolorosas en cuanto a las estructuras de toda la organización. En Colombia por supuesto no nos podemos sustraer de esta situación y para no enfrascarme en tratar dos asuntos tan complejos, porque uno es el problema pensional y otro el de seguridad social, hoy argumentaré sobre los problemas y las soluciones que plantea el gobierno nacional, para resolver las dificultades de la protección social en sanidad.
El ministro Diego Palacio, amparado en las leyes de emergencia social declarada el pasado 23 de diciembre de 2009 y el señor presidente Álvaro Uribe en uso de sus facultades legales expidieron una serie de normas para modificar el sistema general de seguridad social en salud, medidas que resultaron para el razonamiento de los entendidos y expertos en el tema, en políticas demasiado regresivas para los usuarios y generadoras de restricciones complejas para la práctica de la función médica; llegando a poner en riesgo la protección de los pacientes del sistema contributivo y no asegurando un mejoramiento para los beneficiarios del sistema subsidiado; por lo que la corte constitucional con sentencia expedida el 17 de abril de 2010, determinó decretar como inconstitucional todos los decretos y normas amparadas en la emergencia social, trasladándole al congreso de la república la tarea de legislar y aprobar las reformas y el soporte económico vía impuestos para reemplazar las leyes que habían sido desechadas por su ilegalidad.
El acaecido 17 de junio, el congreso en pleno aprobó el proyecto ley que contiene 41 artículos que reglamentan el financiamiento hasta por 3 billones de pesos adicionales para el fortalecimiento de todo el sistema prestador de salud tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
Adicionalmente el 17 de agosto de 2010, se presento a consideración del congreso el proyecto de ley 95 de 2010, que en sus enunciados fundamentales promueve:
-Lograr la universalidad en la cobertura del aseguramiento en salud, el acceso real de los ciudadanos a los servicios de salud definidos en los planes de beneficios de ambos regímenes a mas tardar el 31 de marzo de 2011.
-Reestructurar y mejorar el financiamiento del sistema general de seguridad social en salud, en términos de flujo de recursos, eficiencia y el uso transparente y adecuado de los mismos.
-Reordenar y mejorar el sistema de inspección, vigilancia y control, incluyendo la descentralización del mismo; y otros contenidos más.
Todo esto conlleva a considerar con moderado optimismo el esfuerzo con que se pretende ejecutar este nuevo plan de robustecer el régimen general de salud; el asunto delicado es el financiero, pues los cálculos más optimistas muestran que equilibrar los beneficios para los dos sistemas (el subsidiado y el contributivo) se requiere de una generación de 4 billones de pesos anuales; recursos que por ahora solo tienen asegurados 1.2 billones de los nuevos impuestos a las loterías, chance legal, licores y cigarrillos más un estimado de 1.8 billones provenientes de las entidades territoriales, con recursos a los que se les deberá cambiar de uso, en consecuencia existe un déficit aun de 1 billón anual de pesos, dineros a los que habrá que encontrar otras fuentes de financiación.
En consecuencia aun hay un gran trecho por transitar para que de aquí a marzo 31 de 2011, fecha en que se homologarán ambos regímenes, se encuentren las reales y definitivas fuentes de capital para la segura y eficiente implementación de la universalidad en la cobertura del aseguramiento en salud.
El ministro Diego Palacio, amparado en las leyes de emergencia social declarada el pasado 23 de diciembre de 2009 y el señor presidente Álvaro Uribe en uso de sus facultades legales expidieron una serie de normas para modificar el sistema general de seguridad social en salud, medidas que resultaron para el razonamiento de los entendidos y expertos en el tema, en políticas demasiado regresivas para los usuarios y generadoras de restricciones complejas para la práctica de la función médica; llegando a poner en riesgo la protección de los pacientes del sistema contributivo y no asegurando un mejoramiento para los beneficiarios del sistema subsidiado; por lo que la corte constitucional con sentencia expedida el 17 de abril de 2010, determinó decretar como inconstitucional todos los decretos y normas amparadas en la emergencia social, trasladándole al congreso de la república la tarea de legislar y aprobar las reformas y el soporte económico vía impuestos para reemplazar las leyes que habían sido desechadas por su ilegalidad.
El acaecido 17 de junio, el congreso en pleno aprobó el proyecto ley que contiene 41 artículos que reglamentan el financiamiento hasta por 3 billones de pesos adicionales para el fortalecimiento de todo el sistema prestador de salud tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
Adicionalmente el 17 de agosto de 2010, se presento a consideración del congreso el proyecto de ley 95 de 2010, que en sus enunciados fundamentales promueve:
-Lograr la universalidad en la cobertura del aseguramiento en salud, el acceso real de los ciudadanos a los servicios de salud definidos en los planes de beneficios de ambos regímenes a mas tardar el 31 de marzo de 2011.
-Reestructurar y mejorar el financiamiento del sistema general de seguridad social en salud, en términos de flujo de recursos, eficiencia y el uso transparente y adecuado de los mismos.
-Reordenar y mejorar el sistema de inspección, vigilancia y control, incluyendo la descentralización del mismo; y otros contenidos más.
Todo esto conlleva a considerar con moderado optimismo el esfuerzo con que se pretende ejecutar este nuevo plan de robustecer el régimen general de salud; el asunto delicado es el financiero, pues los cálculos más optimistas muestran que equilibrar los beneficios para los dos sistemas (el subsidiado y el contributivo) se requiere de una generación de 4 billones de pesos anuales; recursos que por ahora solo tienen asegurados 1.2 billones de los nuevos impuestos a las loterías, chance legal, licores y cigarrillos más un estimado de 1.8 billones provenientes de las entidades territoriales, con recursos a los que se les deberá cambiar de uso, en consecuencia existe un déficit aun de 1 billón anual de pesos, dineros a los que habrá que encontrar otras fuentes de financiación.
En consecuencia aun hay un gran trecho por transitar para que de aquí a marzo 31 de 2011, fecha en que se homologarán ambos regímenes, se encuentren las reales y definitivas fuentes de capital para la segura y eficiente implementación de la universalidad en la cobertura del aseguramiento en salud.
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