Mucha tinta se ha arrojado sobre el polémico tema de la elección del fiscal general de la nación, ya por estas fechas se completa un año desde que Mario Iguarán, terminó su mandato y fue enviado como embajador a Egipto. Desde entonces el vice fiscal Guillermo Mendoza Diago, ha desempeñado el cargo de fiscal encargado de manera casi heroica, pues heredó los casos más difíciles de la administración de Álvaro Uribe, como son las chuzadas por parte del DAS a los magistrados de las altas cortes, el abuso en la asignación de recursos del programa de Agro Ingreso Seguro, las investigaciones a los policías y militares, comprometidos por asesinar a ciudadanos y presentarlos como auxiliadores o combatientes de la guerrilla eliminados en batalla, conocido por todo el país como el caso de los falsos positivos y esclarecer y culminar las investigaciones alrededor de la condena por cohecho impropio, contra la ex representante Yidis Medina, que comprometen al ex embajador Sabas Pretelt, al ex ministro de Protección Social Diego Palacio y a otros altos funcionarios cercanos al despacho presidencial del gobierno anterior.
Todos estos casos que ameritan una investigación exhaustiva, imparcial y regida por la rigurosidad de los códigos administrativos, penales y civiles, generaron en la elección del sucesor de Iguaran, la disputa mas vehemente entre el presidente y la corte Suprema de Justicia a la que hayamos asistido desde la reforma constitucional de 1991.
Ya han renunciado tres de los ternados y los integrantes del nuevo terceto, tampoco tienen el favor de la mayoría calificada de la corte en pleno para salir elegido un nuevo fiscal; esta mayoría calificada implica tener 16 votos a favor de un total de 22 magistrados que componen el alto tribunal; el asunto es que a la corte no le genera confianza de imparcialidad absoluta, ninguno de los seis hasta ahora candidatos a la tan alta investidura, perjudicando con este prejuicio a un candidato que a mi parecer y entender es un hombre estricto e investigador consumado; el señor Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA, quien después de 8 meses declinó su aspiración al cargo para dedicarse a litigar, lamentablemente su inmensa cercanía al ex presidente Uribe, comprometió su posible candidatura a reemplazar a Mario Iguaran.
El señor Jaime Arrubla presidente encargado de la Corte Suprema, ha defendido ante el país a través de los medios, la confusa actuación de la corte, pero para analistas y algunos ciudadanos del común queda claro que ningún ternado sugerido por Álvaro Uribe será elegido como nuevo fiscal. A este hecho hay que añadir el extraño comportamiento ético de uno de los hoy postulante a este cargo el abogado Jorge Aníbal Gómez ex presidente de la corte, que hasta la fecha se desempeña como jurista defensor del ex ministro Andrés Felipe Arias, ex funcionario que se encuentra vinculado aparentemente en el caso de Agro Ingreso Seguro y que tiene que presentarse ante la fiscalía para aclarar sus actuaciones frente al sonado caso, que era de resorte del ministerio de agricultura del cual el fue su director. Como podemos ver la transparencia ética de los hoy postulantes, parece que se cuestiona al interior de la Corte Suprema y si el presidente Santos y su ministro de interior y justicia no toman alguna decisión de cambiar la dichosa terna, seguramente continuaremos con un fiscal encargado por un gran tiempo más.
El otro asunto que hoy quiero enunciar lo he tomado gracias a las denuncias hechas por Gustavo Alvares Gardeazábal, en su programa de radio en Caracol; precisa el conocido escritor que el nuevo vice ministro de justicia funge como abogado demandante en unas causas que implican reconocimiento de recursos cuantiosos por reparación y daños por parte de la nación Colombiana; se pregunta el conocido periodista y le hago eco yo ¿Cómo puede ser uno juez y parte? sin generar conflictos éticos en el ejercicio de su actividad como vice ministro de justicia y abogado litigante a la vez.
En clase de deontología en la universidad Javeriana en donde estudie, me enseñaron que ambas funciones ser juez y parte son incompatibles en el ejercicio profesional, pero amables lectores a ustedes les queda la reflexión y el análisis de estas formulaciones que he expresado para todos el día de hoy; o será que desde el lejano 1981 hasta ahora los postulados éticos han evolucionado y yo me quede desinformado y ajeno a estos cambios y a la interpretación de estos fundamentos. Si es así los invito a instruirme para poder salir de mi ignorancia al respecto, en caso contrario opinen sobre como en Colombia llevamos al límite los significados de ética y moral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario