INVERSIÓN EXTRANJERA O DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Proyecto del Qimbo- Huila

Fotografía Luis Roberto Chiappe; Pag Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Desde hace un año aproximadamente me enteré de un dispendioso conflicto entre el gobierno nacional, los ciudadanos de varios municipios del departamento del Huila y las multinacionales Emgesa, que construye la represa del Quimbo, y Emerald Energy quien explora en busca de petróleo; disputa que está originada en los incumplimientos de las empresas con sus contribuciones a mitigar los impactos sociales y ambientales de las comunidades directamente afectadas con estos desarrollos.

Procesos que igualmente como los que ha desarrollado la compañía minera canadiense Greystar, ahora llamada Eco Oro mineros Corp, en el páramo de Santurbán  en Santander, adolecen del mismo mal, que tiene sus fundamentos en la deficiente legislación colombiana para otorgar los títulos mineros y las licencias ambientales; todo esto añadido a las protectoras figuras legales otorgadas para la confianza inversionista, que le han dado un vuelco significativo a la inversión extranjera en el país, pero a expensas de la sistemática violación y depredación de nuestros recursos más preciados, el agua, los bosques, las tierras cultivables y los habitantes afectados por la marcha de estas explotaciones.

Debo aclarar que no soy un enemigo de la inversión extranjera, puesto que se necesita en países con economías mediocres como el nuestro; pero esta asignación de recursos se debe establecer con reglamentaciones claras sin perjuicios al patrimonio natural colombiano o al de sus habitantes.

Avanzando con la historia, en la semana que concluyó, el especialista Guillermo Rudas Lleras, consultor del consejo nacional de planeación, publicó una denuncia en el portal razón pública, en la que menciona de manera clara y cimentada con cifras y estadísticas, como la gran mayoría por no decir todas las compañías extranjeras del área de minería, están burlando nuestro sistema tributario aplicando el mismo comportamiento que sus pares del sector energético; aprovechándose del poco control sobre sus actividades y de la legislación endeble, estas empresas deberían de cancelar en promedio un equivalente al 27.6 de sus utilidades como impuesto de renta, pero estas contribuciones se reducen a un 15% gracias a los hábiles manejos  y a la desorganización  en el registro y comprobación de sus verdaderos niveles de explotación o de producción.

Así como lo leen, nos hacen conejo reportando menores niveles de obtención de los minerales que extraen del subsuelo, para de esta manera tributarle menos al país.

Al fusionar estos dos aspectos se comprende que hay un gran abuso por parte de las multinacionales y un tremendo desorden unido a una gran corrupción en los ministerios e institutos encargados de fiscalizar los volúmenes de explotación y velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.

Solo nos resta denunciar por todos los medios y exigir a los organismos de control competentes, realizar las verificaciones necesarias, detener los procesos dolosos y denunciar penalmente a todos los infractores.

Nuevamente nos vemos abocados a visualizar una realidad trágica, en la que los extranjeros explotan nuestros recursos inmisericordemente y nos dejan solo migajas que no compensan el daño ambiental,  y el desplazamiento de las comunidades afectadas por los diferentes procesos y demás impactos generados.

Urge establecer leyes claras y concisas para continuar con el avance de los nuevos y viejos proyectos, además destituir a todos los funcionarios apátridas, que se lucran a costillas de los recursos de todos.

Los invito a apoyar las denuncias y a exigir la adecuación de las leyes, acordes con el tipo de explotación o de procedimientos a ejecutar, con nuestros recursos naturales no renovables; puesto que la indiferencia ayudará a propagar un país sin agua, bosques y tierras agrícolas en las décadas venideras.