ABUSOS DE AUTORIDAD

EXTRA-LIMITACIONES ATRIBUIDAS A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Desalojo en New York

Fotografía Sito web Ocuppy Wall Street 
Es sin duda un padecimiento que aqueja a todas las  democracias por igual; los desafueros causados por quienes tienen el deber constitucional de preservar la ley y el orden.

Casos como el acontecido en el departamento del Huila, en inmediaciones del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, en el que ha brillado la desproporción de la fuerza empleada por las autoridades de policía; haciéndose por tanto demasiado notorio la precaria normatividad para aplicar en situaciones semejantes, ademas del excesivo  celo profesional con el que proceden los participantes en estos trámites; necesariamente nos obligan a reflexionar para mejorar estos comportamientos  hacia situaciones futuras.

Lamentablemente como lo expuse inicialmente, evidenciado sucesos ocurridos en otros países, siempre nos topamos con energúmenos, que provistos de un uniforme oficial descargan todas sus frustraciones, aplicando el más variado abanico de violaciones a los derechos humanos y el irrespeto a los mínimos comportamientos civilizados humanos.

Evoquemos hechos recientes; en Valencia España un grupo de policías la emprende con el acostumbrado exceso, contra un grupo de estudiantes escolares, que protestaban por la desatención física que presentan sus aulas en las escuelas oficiales, con vista a los crudos inviernos que regularmente se presentan en Europa.

En Estados Unidos, el movimiento de los indignados ha sido replegado de las plazas y sitios de protesta, utilizando una amplia gama de métodos de represión contra civiles desarmados; los resultados muchos heridos y ciudadanos con alteraciones físicas para el resto de sus vidas.

Ahora analicemos que hay atrás de estas protestas y sus consecuentes desmesuradas muestras de crueldad oficial.

Simplemente burócratas y funcionarios mediocres, a quienes sus obligaciones y compromisos para con las comunidades que representan, les han resultado superiores a sus intelectos y conocimientos.

No hay protestas motivadas en el mero capricho o por la simple moda de algún grupo humano en particular.

Los indignados no salieron a las plazas para encontrar otras maneras de utilizar el tiempo, o para mejorar su comportamiento social; al igual que los campesinos y pescadores del Quimbo o los jóvenes estudiantes escolares españoles; todos sin excepción tienen una razón para rebelarse y exigir soluciones a sus problemas.

Así que cuando estos infames funcionarios y burócratas ven como los problemas originados en su indolencia, anudada a su incapacidad técnica y a la falta de humanidad les sobrepasan, recurren sin vacilar al elemento más sencillo que provee la administración estatal, la represión utilizando los medios que los gobiernos proveen para tal fin.

Adicionalmente los grupos de represión, en su mayoría están conformados por personas bajas de intelecto que no piensan, solo obedecen ordenes, de ahí las flagrantes violaciones y las exageraciones en el uso de la fuerza.

Por eso cuando situaciones como la del fuero militar se discuten en Colombia, los defensores de derechos humanos se pronuncian con tanta contundencia. Y para analizar estas medidas debemos despojarnos de los fanatismos expuestos por el ex presidente Uribe y sus secuaces; profundizando en el estudio de los efectos de esas normas con total frialdad técnica y sensatez.

Afortunadamente el presidente Santos en buena hora ha reflexionado sobre este entuerto, que permitía en primera instancia, que las violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, quedaran a merced de la justicia penal militar, que en el país no sale bien librada por su manifiesta parcialidad con los miembros de las fuerzas armadas.

Cierro esta participación considerando que son las malas administraciones y los mediocres funcionarios públicos, los únicos culpables de las protestas ciudadanas que terminan con los mencionados abusos por parte de las fuerzas de la ley. Por tanto los juicios y condenas deberían incluir a estos incompetentes que no solo hacen daño a la ciudadanía por no realizar bien su tarea, sino que además trasforman su ineficiencia en violencia represiva.