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| MINISTRA DE EDUCACIÓN |
El presidente Santos y su ministra de educación María Fernanda campo, han tenido a bien incorporar una reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior.
El primer cambio que se observa es en la esencia que mueve la creación de la ley, como lo sentencio mi amigo el profesor e historiador Juan Carlos Acebedo Restrepo, “se le retiró su espíritu humanista y se transformo en un servicio público escuetamente”; casi que perdió su naturaleza de hacer del ser humano alguien mejor, a través del desarrollo de su potencialidad como consecuencia de su formación académica.
Gracias a la numerosa lectura y comprensión a que me obligo por la realización de los escritos para el blog, me he encontrado que en la parte legal, en los últimos meses la procuraduría, las cortes, la fiscalía y el gobierno central, han tomado por norma usar los tecnicismos legales como la excusa perfecta para no hacer pronunciamientos de fondo, quedándonos en los de forma simplemente. ¿Se preguntarán y esto que tiene que ver con la nueva reglamentación a la Educación Superior? Si una ley en Colombia no se escribe con parámetros estrictos, sin permitir ambigüedades de forma, por ahí se introducirán los cambios contrarios al mismo espíritu de la ley.
Así que definir la Educación Superior como un simple servicio público cultural inherente a la finalidad social del estado y olvidar que está al servicio del ser, es retirarle la verdadera finalidad de transformar la sociedad y es conviertir a la educación en algo como el servicio de alumbrado público, o el de aseo, o el bancario; que son todos necesarios pero no fundamentales y mucho menos dignifican y mejoran nuestra condición de seres humanos.
En cuanto a su contenido, como se viene una amplia discusión en la que deben intervenir todos los estamentos que conforman el establecimiento educativo, alumnos, profesores, directivas y ministerio; simplemente me referiré a dos normas que me han impactado inicialmente.
El artículo 85 que reemplaza al artículo 48 de la ley 30 de 1992, porque se vuelve más severo en el tema de las sanciones para las violaciones en la dirección y gobierno de la prestación del servicio educativo y la conservación y administración de rentas y derechos pecuniarios por parte de las instituciones y sus directivas; norma esta que debe alejar la codicia y la corrupción que ya golpea a varias instituciones públicas y privadas, con los consiguientes problemas para el alumnado que puede ver frustradas sus expectativas de instrucción y desarrollo intelectual; como en el caso concreto de Cali con la universidad Santiago de Cali, que según informes publicados en los diarios locales tiene anomalías contables por valor de 4.500 millones de pesos.
El segundo artículo que me impacto es el número 111; este si escrito de manera superficial y abierta, en donde se autoriza al gobierno Nacional a crear una sociedad de economía mixta vinculada al ministerio de educación y que se denominará “Sociedad de Fomento a la Inversión Privada en Educación superior” FOMINVEST; cuyo principal objetivo sería actuar como estructurador de proyectos para vincular capital privado a la prestación del servicio público de Educación Superior. No veo lógico y razonable que los inversionistas privados nacionales y menos extranjeros, quieran invertir dinero sin esperar rentabilidad, así que mercantilizar la educación pública me parece un desafuero.
En Colombia el gran capital y sus dueños distan mucho de aplicar la filantropía, por lo que cualquier intervención al respecto solo alejará la posibilidad a muchos a educarse.
Fenómeno que se replica en otros países como Inglaterra, en donde la universidad pública tendrá incrementos hasta del 300%.
Es deber de todos no permitir estas intromisiones, porque todas las medidas encaminadas a mejorar supuestamente a los trabajadores desde el estrato bajo al medio, han terminado aplicadas de manera contraria al espíritu inicial. Y recordemos las famosas cooperativas de trabajo asociado que debían ayudara vincular a muchos independientes y empleados de pequeñas empresas a la seguridad social y legalización del empleo, que terminó convertido en un instrumento de enriquecimiento para los administradores de estos fondos en detrimento de sus asociados, gracias a las comisiones elevadas por afiliarse a estos programas. También evoquemos las reformas al horario nocturno y de horas extras, que debían generar más empleo, y que hábilmente fueron burladas por el empresariado criollo.
Estos dos hechos muestran el talante solidario y filantrópico de nuestros empresarios, así que del artículo 111 como está redactado nada bueno se puede esperar.
Esta iniciativa de inversión para el sector privado, hay que delimitarla para que no se convierta en una nueva frustración para la gente del común. Que inviertan y sus beneficios sean en investigación, mejora de procesos, modelos y tecnología, que se deben cuantificar y pagar a sus creadores de acuerdo a parámetros plenamente establecidos, para que nuestro modelo educativo estatal no sea transformado en un negocio más.
Con el avance de las discusiones del proyecto, retomare el asunto para analizar y comentar sus progresos.
Carlos, tienes toda la razón, mientras la Educación NO se catalogue como un Derecho al cual tienen todas las colombianas y colombianas, así como debe ser garantizado por el Estado, cualquier reforma será inútil y por ende, la calidad de la misma irá decayendo con el tiempo.
ResponderEliminarAUN NOS FALTA...pero no todo está perdido.... He encontrado un grupo para quienes añoramos una nueva perspectiva en la Ciudad, una Comunidad que busca que los principios y valores se fortale ...zcan por una Ciudad Cívica, ¿te interesa?:
ResponderEliminarhttp://on.fb.me/h4Fusz
Yo me comprometo... ¿y tú?
Carlos:
ResponderEliminarAtento como eres a los hechos más relevantes de la actualidad, llamaste mi atención sobre el nuevo proyecto de Reforma a la ley 30 de Educación Superior, divulgado hace pocos días por el presidente Santos y su ministra Ocampo.
Apenas sí he tenido un poco de tiempo para pasar los ojos por el articulado, de modo que no tengo elementos para una valoración de fondo del proyecto. Pero sí puedo hacer un par de comentarios, para continuar la reflexión que tu inicias en este post de modo tan acertado y oportuno. Lo primero que llama la atención es que una Ministra conocida como directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá ( esto es, dedicada a los temas de la oferta y demanda de mercancías y a los avatares del gremio de los mercaderes), luego de varios meses de silencio en lo relativo a los temas de la educación superior, saque del fondo de un sombrero de mago un proyecto que no consultó ni debatió previamente con la comunidad académica, ni con los rectores de las universidades, ni con los profesores y menos aún con los estudiantes y los padres de familia y ciudadanos en general. ¿Si la intención fuese la de hacer una reforma democrática y profunda de la educación superior, no debió comenzar por llamar a estos miembros de la comunidad universitaria a proponer ideas, a debatir iniciativas, a consensuar aspectos claves? Ahora nos vemos forzados, a las volandas, a participar en un debate en cierto modo sorpresivo, y con la espada de Damocles que representa las mayorías aplastantes de los partidos que conforman la llamada Unidad Nacional en el parlamento.
Experta en asuntos de mercancías y comercio, la ministra Ocampo no desconoce que en un sector como el de la educación superior se están movilizando millones de dólares anualmente, en un país que en pocas décadas pasó a tener un predominio apabullante de la matrícula universitaria a cargo de las universidades privadas. No conforme con la mayor parte del pastel a favor de empresarios privados de la educación, ahora parece que también quieren inmiscuirse en las universidades públicas con sus inversiones. El modelo que siguen es el que se aplicó en el sector salud, privatizado en pocos años y convertido en un gran negocio de particulares; y el de los servicios públicos también privatizados. Como bien anota Pedro Rivera, mientras el proyecto considere la educación superior como simple rama de los servicios, y minimice su lugar como derecho fundamental de los ciudadanos, cuyo ejercicio les debe permitir formarse como personas, como ciudadanos y como profesionales competentes y solidarios, mientras esto sea así no se pueden esperar cosas buenas de un proyecto como este.
Debemos prepararnos para una intensa discusión y para lo que es fácil prever que se convertirá en un nuevo despertar del movimiento juvenil universitario colombiano. ¡Enhorabuena¡