SANTURBÁN FUNDAMENTO DE LA ECUACIÓN; LEY DE AGUA Y DE PÁRAMOS

Con toda la discusión que se ha abierto sobre la conveniencia de las concesiones mineras en los páramos Colombianos, por causa de que las canteras a cielo abierto y  socavones afectan con deforestación y  exterminio de fauna y flora como el frailejón, lo que altera por completo el  frágil ecosistema ; se ha dejado de lado un segundo debate tan importante como este y es el de conservación y optimización de los recursos hídricos, que esta contenidos en un proyecto de ley denominado “ Por el cual se establecen medidas para orientar la planificación del recurso hídrico en el territorio nacional” que esta temporalmente archivado y que entre sus muchas normas activa las concesiones del agua y el control de vertimientos, de una manera bastante beneficiosa para el gran capital y los inversores extranjeros principalmente.


Retomando el asunto del páramo de Saturbán, el principal conflicto que ha obligado a la gobernación de Santander y a la alcaldía de Bucaramanga a contribuir con la causa de los ambientalistas, es la contaminación con elementos químicos pesados de las fuentes hídricas del acueducto de Bucaramanga; contaminación que tendría origen en la explotación de los yacimientos de oro que requieren de cianuro y mercurio para su labor de separación de otro minerales.


Así que además aparte de exigir un freno a la explotación minera en los bosques de niebla y páramos por sus ya estudiadas nefastas influencias, se hace muy necesario exigir acciones tendientes a no permitir el uso del agua en las cuencas altas y lagunas en los páramos, hacia actividades industriales o de riego agrícola; con el fin de ilustrar el asunto me referiré que para la fabricación de un litro de coca cola se anexan 8 litros de agua y en la producción de una botella de cerveza se requieren de 5.25 litros de agua.


En la actividad de riego se estima un uso del 70% de la demanda del agua total del país, siendo los productos agrícolas mas consumidores, el café, el arroz, los plátanos y la caña de azúcar que absorben el 68% del agua que se usa en la tarea agrícola. Por ello ya está en trámite un proyecto de ley para proteger por completo el ecosistema de páramos, radicado con el número 049 del 2010 en el senado, en su artículo 9 establece claramente estas prohibiciones de uso.


En los ecosistemas de páramo regulados por esta ley se prohíbe la realización de las siguientes actividades: Disposición final, manejo y quemado de residuos sólidos; introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies exóticas no nativas; practicas de agricultura y ganadería; uso de maquinaria pesada; expansiones urbanas y construcción de vías que interfieran el natural crecimiento y preservación del ecosistema y de las fuentes hídricas; actividades industriales; construcción de obra que alteren el ciclo natural del agua o produzcan efectos negativos, deterioro de la biodiversidad; actividades de exploración y explotación petrolera y minera. Además adelantar las obras con base en los títulos mineros previamente otorgados que pueden afectar funciones ecológicas estratégicas.


Como se puede comprender, si esta ley ya estuviera vigente la historia del páramo de santurbán y otras reservas sería otra; por lo que desde esta tribuna hago votos para que el trámite de este proyecto vital para el futuro y conservación de nuestras fuentes hídricas y páramos concluya sin mayores traumatismos y para que como ciudadanos estemos atentos a proteger este recurso preciado que según estudios de Naciones Unidas hacia el año 2030 afectará por su escasez a casi la mitad de la población mundial.

RUMORES POLÍTICOS Y CONTRATACIÓN

Motivados en el desarrollo de la actual campaña para elegir, alcaldes gobernadores, concejales y diputados, se viene advirtiendo un notable incremento en el desarrollo de noticias sesgadas y rumores acerca de la transparencia en la contratación estatal (tema de moda por el carrusel Bogotano), con el único fin de deslegitimar a grupos y movimientos que no son de la ascendencia de algunos medios periodísticos y de sus intereses económicos y políticos.

Es claro que el sistema de contratación en Colombia dista de ser transparente, a pesar de sus múltiples controles y excesivos trámites y documentaciones; desde hace muchos años funciona bajo el influjo de la subcontratación, y en la mayoría de las licitaciones y contratos quien se gana el derecho o adjudicación, no necesariamente es quien ejecuta las obras de ahí el crecimiento en el fenómeno de corrupción, pues esta intermediación es necesaria para saciar el apetito e interés de concejales, diputados y congresistas que de otro modo boicotearían a alcaldes, gobernadores y ministros a desarrollar programas y adelantar construcciones y obras.

De ahí que una manera práctica de salvar estos escollos, es la contratación directa que genera el gran riesgo del nepotismo, pero permite a los funcionarios evitar intermediarios, encarecimiento de suministros y obras, además de la tramitación extenuante e incompetente ante el fenómeno de la corrupción.

Así que las recientes informaciones en algunos periódicos y revistas contra el uso de la contratación directa, no son más que cortinas de humo muy bien trazadas para distraer a la opinión pública, y poder atacar e ilegalizar a movimientos políticos contrarios a los intereses de las líneas editoriales de estos medios, que conocen de sobra muy bien cómo funciona toda la operación de contratación pública, por lo que sus presuntas denuncias, no son más que rumores y chismes mal intencionados.

Invito a los lectores a ser muy cuidadosos con la información que circula, pues desde que se institucionalizó la rumorología en el país, esta se volvió una práctica esencial en el desarrollo de la contienda política en Colombia, y cada día se recurre mas a ella para polarizar y enrarecer la disputa por los cargos de elección popular.

CIVISMO, PATRIOTISMO Y CORRUPCIÓN

OBRA CLL 26 ORIGEN DEL CISMA

Debido a los ignominiosos hechos descubiertos en Bogotá, gracias a las denuncias hechas por Gustavo Petro y Carlos Vicente de Roux, sobre los sobornos y comisiones cobradas por políticos y funcionarios públicos del orden distrital, considero oportuno comentar sobre este oscuro tema, pero analizándolo desde la perspectiva de fortalecer valores ciudadanos, como el civismo y el patriotismo en las nuevas generaciones, y así posiblemente generar un cambio de mentalidad ante el desprestigio de ser señalado cometiendo actos contra la administración pública y también abandonemos la práctica indeseable de no denunciar a los deshonestos.


Para aclarar cómo pueden afectar estas buenas costumbres ciudadanas a la corrupción, comenzare por explicar el alcance de los términos civismo y patriotismo.


El civismo es el celo por las instituciones e intereses de la patria; también es el comportamiento respetuoso con las normas de convivencia pública. El patriotismo es el valor que procura cultivar el respeto y amor que debemos a la patria mediante nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común.


En cambio el término corrupción presenta en sus características etimológicas estas peculiaridades; nepotismo o favoritismo en la adjudicación de contratos; las autoridades aceptan obsequios como muestra generalizada de buena voluntad; las autoridades toleran el crimen organizado a cambio de compensaciones; las autoridades esperan recibir obsequios como requisito para respetar las vías de derecho.


Si juntamos todas estas características tenemos claro para nuestra sociedad Colombiana lo que significa corrupción, puesto que la expresión tiene un carácter subjetivo como lo explica Arnold Heideheimer, porque en algunos lugares uno o más de estos enunciados pueden no ser tratados como hechos de corrupción.


Al comparar contra las palabras civismo y patriotismo, encontramos como la corrupción afrenta directamente el respeto a la convivencia pública y al bienestar común, que son cimientos fundamentales para mantener la viabilidad de la vida en sociedad.


La cuestión principal es por consiguiente trazar nuevos programas actualizados y campañas para recuperar y afianzar estos importantísimos valores ciudadanos; es perentorio que en los colegios y escuelas de Colombia se enseñe nuevamente sobre estas reglas éticas y morales y que se apoyen con intensas campañas de medios, para mermar un poco este dañino mal, que se engulle muchos billones de pesos al año, necesarios para proteger a las poblaciones vulnerables como los jóvenes infractores, las familias desplazadas, las víctimas del conflicto o los damnificados de las catástrofes naturales.


Puede ser que la argumentación suene un poco cándida, pero me gustaría amigos lectores, que interioricemos esta posibilidad de combatir la corrupción no solo desde el campo legal y de castigo político para sus realizadores sino asumiendo nuevamente el imperio de la moral y las buenas costumbres.


Finalmente quiero contarles que nuestra calificación en el índice de percepción de corrupción 2010, nos ubica en el puesto 78 entre 178 naciones evaluadas, compartiendo honores con Perú, y por debajo de Chile puesto 21, Uruguay puesto 24, Costa Rica puestos 41. Motivo que nos obliga a trabajar arduamente en contra de esta calamidad que arruina el futuro de todos.

ADOLESCENTES COLOMBIANOS CONDUCTAS PUNIBLES Y PENALIZACIÓN

Suscite por estos días un gran debate en las esferas legislativas, de derechos humanos y entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de protección de niños, niñas, y adolescentes por la perentoria necesidad de reformar el código de Infancia y Adolescencia.

Colombia como toda América Latina ha visto crecer sus cifras de delincuencia juvenil y se enfrenta a un doloroso debate para poder atender este desenfreno y abuso de normas por parte de jóvenes estimulados por la laxitud de las penas impuestas por violar la ley, al punto que en los delitos de alto impacto social como el hurto agravado y el homicidio cometido por menores ha crecido con tasa realmente alarmantes en los últimos 2 años.

Nuestra última legislación sobre protección y castigo por conductas punibles a menores está regulado por la ley 1098 de 2006 conocida como Código de Infancia y Adolescencia, ley cuya finalidad principal es “garantizar a los niños y niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad amor y comprensión”. Como el asunto de sanciones penales que abordó esta ley fue bastante suave en su accionar contra las infracciones cometidas por los menores de 18 años, se abrió la puerta a una modalidad de criminales mayores de 15 y menores de 18, implicados mayoritariamente en los citados delitos de alto impacto, al punto que se está tramitando la imposición de sanciones iguales que a los mayores de edad para los siguientes delitos; homicidio culposo, extorsión, secuestro y los delitos en contra de la libertad, integridad y formaciones sexuales, excluyendo a los adolescentes entre 14 y 16 años a quienes se aplicaran penas máximas hasta de 8 años.

La tasa de menores de 18 años detenidos en el 2009 por homicidio fue de 12 por cada 100 capturados. Los jóvenes que más delinquen tienen una edad entre 16 y 17 años según datos de la policía. El instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un estudio que realizó concluyo que cuando los adolescentes conocen el tipo de castigo al que se exponen por cometer un delito y encuentran que los beneficios son superiores a los riesgos se genera el incentivo a reincidir.

Colombia es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 por la resolución 44/25 y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, la cual en su artículo 37 consagra que los menores de 18 años no se les impondrá la pena capital, ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelamiento; la prisión de un niño se utilizará como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda, y en su artículo 40 informa de los procedimientos legales generales que se tendrán en cuenta cuando un menor transgrede la ley del país donde reside, siendo una de sus principales apartados, que se imponga una edad mínima para presumir cuando un niño tiene capacidad para infringir las leyes penales.

Al tenor de esta convención el legislativo dispuso de unas penas que se convirtieron en el artífice de motivación a quebrantar mas la ley por los menores de 18 años y que ahora en la discusión que se ha entablado, tienen a la representante a la cámara Ángela Robledo del partido Verde, como una firme opositora a la modificación de estas penas impuestas a los menores infractores desde los 14 a 16 años y de los 16 a los 18 años.

Sustrayéndome de la argumentación psicológica y solamente aplicando el sentido común y la observación de las crecientes estadísticas de violación penal en menores, es obvio que el citado código de Infancia y Adolescencia necesita de cambios en sus castigos con condenas más disuasivas, pero sin olvidar exigirle al gobierno central de la plena implementación de políticas claras y viables económicamente para evitar la vinculación de mas menores en la violencia juvenil.

Hay algunas cifras que inquietan bastante, como por ejemplo solo el 52% de nuestros jóvenes se gradúan de bachilleres y los niveles de desempleo para los menores de 25 años rondan el 21% por lo que no debemos olvidar que la delincuencia juvenil es el resultado de la combinación de varios factores de riesgo y respuesta social que se presenta en toda sociedad en donde los antivalores de violencia, competencia salvaje, agresividad y consumismo se imponen a los valores supremos como la tolerancia, la solidaridad y la justicia.

Terminare contándoles que en el sistema judicial Norteamericano a enero de 2011, 2574 delincuentes juveniles están condenados a cadena perpetua sin posibilidades de excarcelamiento alguno, por lo que las preocupaciones de nuestra congresista sobre unas condenas que se impondrán a los jóvenes entre los 16 a 18 años acorde con los delitos de alto impacto, y al igual que a los mayores de edad, son tímidas frente al sistema penal del país del norte.

CAMPAÑAS GUIÑOS Y ENCUESTAS

PARTIDO VERDE COLOMBIA

Una gran polémica se ha desatado por los guiños o señas que el expresidente Uribe viene realizando con algunos candidatos a las próximas elecciones a las alcaldías de ciudades capitales de Colombia.

El más controvertido debate se desató por el respaldo que Uribe dio a Enrique Peñalosa candidato del partido Verde a la alcaldía de Bogotá, desde su cuenta de twitter; con tal nivel de animadversión, que generó el rechazo de gran parte del electorado Verde y la convocatoria por parte de muchos seguidores a una mitin frente a la residencia de Antanas Mockus excandidato presidencial de esta colectividad, para exigirle un pronunciamiento claro y conciso frente a este tema.

Por causa de esta polémica indague a un experto conocedor del tema de estrategias en campañas políticas y me explicó que tras estos pronunciamientos está la débil evolución en las encuestas reservadas de intención de voto, que los movimientos políticos y los inversionistas privados viene realizando a los candidatos de las grandes ciudades; por lo tanto al no tener los candidatos del partido de la U en Bogotá posibilidad alguna hasta la fecha según los estudios electorales, es más que obvio que el expresidente sabio conocedor del manejo político y electoral, procuró de una vez establecer la alianza ganadora con Peñalosa, pues Uribe debe arrastrar un caudal importante de votos de sus seguidores en la capital a favor de Peñalosa, pero existe una tesis opuesta que consiste en cuantos de los antiguos seguidores Verdes y antiuribistas perderá el candidato a la alcaldía de Bogotá. Desde mi análisis, es muy indeterminado conocer si la suma o la resta que ocasionara esta alianza estratégica con el partido de la U favorecerán o perjudicaran el camino a conquistar el primer cargo de la capital, porque así como llegará un caudal de votos otro partirá y determinar que cifra será mayor es un vaticinio difícil de establecer.

Esto permitirá que otras candidaturas como la de Carlos Fernando Galán, se oxigenen y se realice una buena disputa ideológica y programática por esta alcaldía.

Ahora trasladándome a mi ciudad, Cali este autor conoció el resultado de 4 sondeos de opinión, pero debido a disposiciones legales no me es permitido publicar resultados numéricos, así que simplemente les comentaré que de los tres candidatos que referencie en enero en anterior artículo, como los finalistas de octubre próximo, hay uno que puntea en todas las encuestas y los otros dos aun están muy débiles, apareciendo en el horizonte otro candidato con ciertas posibilidades y que yo no había incluido en mi anterior análisis; nuevamente consulte con el perito y él me explicó que con motivo de la incipiente campaña y la nula publicidad existente, estos sondeos están mostrando a los candidatos que por alguna razón han sido visibles ante la opinión pública ya sea por sus resultados de gestión, escándalos o situaciones que afecten la sensibilidad de los electores y el público en general.

De otro lado de las encuestas conocidas por este autor se desprende que 2/3 del electorado o no van a votar o no tiene candidato aun entre los que figuran en los estudios; lo que vislumbra una alta abstención o la posibilidad para un candidato nuevo y de imagen cívico empresarial, quien podría conquistar a esta gran franja del electorado.

Un cambio en todo este panorama político lo generó el expresidente el pasado sábado 26 de febrero dado que visitó la ciudad de Cali y le dio ya su guiño a una candidata, habrá que esperar a conocer los nuevos sondeos de intención de voto, para establecer si en Cali también los guiños de Álvaro Uribe pueden atraer hacia su postulante los beneficios de la gran imagen que este hombre aun proyecta en la población general.

Terminaré esta exposición con la convicción que a nivel de Cali y Bogotá, asistiremos a una de las campañas para alcaldías más arduas e intensas de los últimos años; esperemos que los ganadores colmen el nivel de expectativas de sus electores y el buen gobierno se establezca en ambas capitales.

8 DE MARZO UN CENTENARIO DE EMANCIPACIÓN E IGUALDAD

Con motivo de celebrarse el próximo 8 de marzo otro aniversario del día Internacional de la mujer y debido a los cambios políticos y sociales que vienen sufriendo América Latina y el Medio Oriente, dos regiones del mundo en donde la mujer lucha por sus derechos e igualdad. Haré un análisis a la situación de derechos y legislación relativa a educación, salud y participación política.

Primero haremos un poco de historia.
Esta conmemoración reivindica la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre.La actividad se realizó por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza; pero después de la primera guerra mundial en 1917 se celebró un 23 de febrero en Rusia, según el calendario Juliano, usado por los Rusos en esa época, que equivale al 8 de marzo en nuestro calendario Gregoriano, a partir de ahí se institucionalizado como fecha oficial gracias a que fueron los colectivos de esta nación quienes más hincapié hicieron en la contienda por sus derechos hace 94 años. No podemos pasar por alto el cruento acontecimiento sucedido el 25 de marzo de 1911 en New York en el que murieron 140 mujeres en el incendio de la fábrica Triangle, que repercutió de manera notable en las modificaciones de las normas laborales de Estados Unidos; este episodio fue recordado intensamente en los primeros años al efectuarse los eventos del día de la mujer.

La razón de mirar el comportamiento frente a la mujer en estas dos zonas del mundo distantes entre sí geográficamente, no es sino otro que al observar algunas similitudes del comportamiento machista y discriminatorio de la sociedad musulmana y la Cristiana latinoamericana; pueblos en donde la mujer ha sido tradicionalmente marginada y relegada a asuntos propios de su supuesta naturaleza, concebir hijos y la administración del hogar.

Según Amnistía Internacional, en toda la región del Medio Oriente, mujeres y niñas siguen siendo objeto de discriminación; se les sigue negando la oportunidad a la educación, a la salud y a la participación en política entre otros. En la mayoría de los países de la zona la legislación relativa a la condición familiar y personal relega a las mujeres a un plano inferior al de los hombres en relación con la herencia, el divorcio y la custodia de los hijos, y las priva de protección adecuada frente a la violencia intrafamiliar, que no es castigada así la afectada muera como en Irak y Jordania. En Siria ha habido una pequeña modificación en la que se establece penas mínimas de dos años para los infractores. A pesar de este panorama desalentador llegan vientos de cambio como en Kuwait en el 2009 en donde fueron elegidas 4 mujeres al parlamento y en Arabia Saudita desde 2005 las mujeres ya pueden votar y postularse para cargos de elección popular. Pero quienes aun no logran ni los mínimos básicos que disfrutan sus contrapartes masculinos son las inmigrantes que se dedican al servicio domestico en Líbano, Catar, Emiratos Árabes, Omán y Arabia Saudita.

En síntesis en toda la región del Norte de África y del Golfo Pérsico se desconocen la mayoría de los derechos fundamentales establecidos por la carta de Naciones Unidas desde 1946 y a pesar de llevar ya transcurridos 10 años del presente milenio.

Solo nos queda esperar que esta corriente política reformista que ha recorrido Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia, Omán y quizás llegue hasta Irán, permita a la mujer de cara a los años venideros lograr establecerse como elemento fundamental en lo profesional y lo político para convertirse en el pilar de la nueva sociedad del Medio Oriente.

En América Latina y Colombia el asunto más grave tiene que ver con la violencia intrafamiliar y las violaciones que no son denunciadas y si encubiertas por miedo y por la recriminación social a la que se ven sometidas las mujeres. Otro tema de salubridad esencial es el relativo al aborto legal, que solamente está legalizado en Cuba, Colombia, USA y el distrito Federal de México, con sitios y normas establecidas que protegen la salud de las mujeres.

En las legislaciones de Chile, Salvador y Nicaragua sigue prohibido el aborto en todas las circunstancias. Lamentablemente en nuestro país actualmente el tema de la despenalización del aborto bajo tres causales muy claras está siendo satanizado por el Procurador General, quien en su imperativo deseo de impartir justicia con el antiguo testamento en la mano, cree que nos encontramos en un estado teocrático, infortunadamente para él, desde 1973 con las reformas al concordato y con las normas establecidas con la constitución de 1991 el estado y la religión son absolutamente independientes; esperemos que estas tesis retrogradas no causen mas perjuicio al derecho a la vida de las madres y a la libertad de permitir nacer a criaturas concebidas bajo el aberrante acto de la violación o gestadas con mal formaciones.

En los temas de educación, conquistas laborales y participación en política, la región muestra altísimos signos de avance y un nivel mucho más evolucionado que Oriente Medio. La sola presencia de cuatro mujeres en la presidencia de Argentina, Chile, Costa Rica y Brasil, demuestra el cambio social del hombre al elegir y acceder a ser gobernados por las representantes del mal llamado sexo débil. En cuanto a formación, el acceso cada vez más expedito a la educación superior establece aires de renovación y de equidad con sus pares masculinos; un lunar negro se sigue presentando con la disparidad de la retribución salarial para las mujeres frente a los varones cuando se ocupan de las mismas responsabilidades y cargos, parece que aun hay un largo camino por transitar en este polémico tema. Concluiré con que el conflicto interno Colombiano arroja sobre nuestro país un Inri deshonroso y es en el tema de las violaciones en el que estamos muy por encima de la media Latinoamericana asunto en el que poco o nada se prevé podamos avanzar.

De todas maneras al observar el lejano 1911 y el transcurrir de las décadas hasta llegar a este 2011, son muchos los cambios y avances que el batallar por la emancipación y la igualdad han logrado las mujeres con su ardua y valiente lucha; representadas en Colombia estas conquistas con eventos como el derecho al voto a partir de 1957 y el actual posicionamiento de la mujer en cargos de altísima investidura como la Dirección de la Fiscalía General y la Contraloría General, ya no más restándoles conseguir la presidencia de la república.

Solo nos queda reflexionar que la diferencia de sexos no es más que un tabú y que el intelecto y la valentía son comunes a ambos géneros.