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| OPERATIVOS CONTRA LA INSURGENCIA |
Sin duda las continuas mutaciones de la violencia han sido
motivo de evaluación en reiteradas ocasiones a través de los tres años que
llevo escribiendo este blog; y de nuevo me siento obligado a retomar el asunto,
ante episodios que describen diferentes niveles de crueldad y de amenazas a la
libertad de cada uno para actuar y expresarse.
Hace unos días observé un video alojado en you tube, que
estaba concatenado a una reseña periodística de la prensa británica, este
material mostraba la decapitación de un sacerdote franciscano por parte de la
turba islamita contraria al régimen sirio, sin duda una acto cargado de la más
escandalosa barbarie, solo igualado por los actos protagonizados por los
bestiales asesinos de los carteles mexicanos, o los escenificados por parte de
las autodefensas colombianas o por sus contradictores pertenecientes a la
insurgencia del país, hechos que permiten ubicar a Colombia como el país con
mayor violencia de Latinoamérica.
En este marco de atrocidades surge un elemento que se ha ido
transformando en Colombia, a partir de la migración de habitantes del campo a
la ciudad, y es esa violencia manifiesta en el campo por acción de los actores
armados, que ahora se presenta en los barrios marginales y los de estrato
popular en forma de micro extorsión o de jóvenes dedicados al sicariato,
potencializada con el micro tráfico de narcóticos y el desplazamiento causado
por pandillas y combos, que se han alimentado también con la incorporación de ex
combatientes de las autodefensas; sin duda toda un nuevo universo de elementos
perturbadores que desbalancean con ahínco a nuestro incompetente sistema de
justicia y de seguridad.
Latinoamérica en su conjunto aporta la tercera parte de los
homicidios de todo el mundo, y como ya lo expuse Colombia posee el deshonroso
primer puesto en el subcontinente, de ahí mi desazón cuando a través de
historias no oficiales o de algunas notas de prensa se comenta sobre el
incremento de extorsiones a comerciantes, condominios residenciales y
ciudadanos en general, sin que haya una clara y oportuna respuesta de las
autoridades que encubren la dimensión real del problema o en el peor de los
casos lo desestiman con la manida excusa de la falta de denuncias, cuando es de
público conocimiento que los hechos se han ido acrecentándose, trasladándose de
los barrios informales de la periferia a los barrios populares y ya se escuchan
noticias de barrios de clase media.
Es tan desalentador el progreso de estos hechos que inclusive
se ha generado un nuevo fenómeno de desplazamiento dentro de las mismas ciudades,
produciendo un suceso inédito con resultados aún difíciles de evaluar por el desconocimiento
de cómo se desenvolverán los sucesos en el mediano plazo, mas lo que sí está
claro es que dichos hechos son incubadoras de otras formas de violencia como
respuesta al perverso éxodo que comienzan a crear.
Ahora que el gobierno central continua desarrollando su
estrategia de paz, vendría a bien restablecer el orden en las ciudades y
desarmar a tiempo estas peligrosas bandas de extorsionistas con estrategias
policiales y de intervención social, pues de resultar con buen término el
progreso de negociación con las guerrillas, aumentará en no menos de 12 mil
combatientes el complejo panorama de reinsertados a la vida civil, que podrían acrecentar
las posibilidades de nuevas extorsiones y de otras formas de violencia en las ciudades.
Sin duda este es de los mayores obstáculos de la paz, el alcanzar
la integración a la civilidad y a la normalidad citadina, para estos hombres y
mujeres ignorantes, acostumbrados a portar un fusil que despierta poder y
autoridad para amedrantar a sus conciudadanos; por ello será esta la prueba
definitiva que asegure el éxito de los acuerdos con los grupos violentos del país,
porque recordemos que un elemento alimentador de la actual crisis, se deriva de
los deficientes e ignorados arreglos con las que las numerosas compañías de
combatientes de las autodefensas se incorporaron a la normalidad de la vida
civil y son procesos ultimados hace unos pocos años, por lo que no se pueden
cometer los mismos errores.
Mi conclusión hoy es
que los factores que atizan la violencia mutan continuamente, por ello es
necesario que las autoridades civiles y de policía evoluciones también con las
soluciones que atenúan o evitan la proliferación de estas causas. A nosotros
como ciudadanos solo nos resta presionar a administradores civiles y a
autoridades de justicia y de policía para que contribuyan decididamente en la solución
de estos graves asuntos.
