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miércoles, 26 de marzo de 2014

ENCAMINANDO JUICIOS Y OPINIONES

Firma de la inclusión de Crimea a Rusia 
Fotografía web del Kremlin.ru
Como consecuencia del desusado esmero en su difusión, por estos días me he encontrado con una serie de acontecimientos que han cautivado a la sociedad nacional e internacional; hechos acaecidos en disímiles parajes de la geografía mundial, los cuales han recibido un manejo análogo, por la elaboración de argumentos a priori como método de explicación para ellos.

Razonamientos carentes de fundamento teórico y falta de demostraciones técnicas o legales son la característica común del enjuiciamiento para estos sucesos.

La desaparición del avión de la aerolínea malaya, la invasión rusa a Crimea y la desestimación de la petición realizada por el CIDH sobre las medidas cautelares concedidas por esta institución al alcalde de Bogotá, conforman esta red de acontecimientos hábilmente tergiversados por una de las partes implicadas en el debate.

Seis fallos de la corte constitucional daban el suficiente piso jurídico, a Juan Manuel Santos para otorgar las medidas cautelares, concedidas   por el comité interamericano de derechos humanos, al hoy ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Por lo tanto el gobierno central al apelar al desacato, tuvo que recurrir a crear una justificación insustancial sobre la injerencia en los asuntos legales internos, en antagonismo con los fallos anteriormente proferidos; que si bien no se habían formulado sobre derechos políticos, sí abarcaban asuntos de derechos fundamentales.

La peregrina tesis del gobierno se apoyó en conceptuar que los derechos políticos de los individuos no son derechos fundamentales, lo cual contradice el artículo 40, que corresponde al capítulo 1 de nuestra constitución que versa sobre todos los derechos fundamentales.

De ahí en adelante solo ha habido una ampliación de motivos en periódicos y revistas en línea afines al régimen, tratando de justificar un despropósito legal; claro saben de antemano que la gran mayoría de lectores no se detendrán a examinar la constitución y menos procurarán entender e interpretar sus alcances.

Cambiando de escenario y regresando a orillas del mar Negro, leía ayer un análisis del periodista Jakob Augstein, quien en una tesis bien sustentada, demostraba como las circunstancias manejadas por Putin no permitían margen de maniobra, como consecuencia de la conducción imperial que USA y la UE le dieron a los asuntos en Siria, Irán y Libia.

Ante estos recursos tan invasivos y desproporcionados Putin se curó en salud, antes que le fortalecieran una guerra interna en Crimea, en dos semanas decidió que era necesario anexar este territorio, y bajo el pretexto de una consulta interna incorporó la península y de paso se ahorró una escaramuza militar con Ucrania y hasta con la OTAN.    

Ahora lo desobligado de todo el asunto de Crimea es el manejo que Obama y sus aliados la han aplicado a Rusia; calificándola como una pequeña potencia regional que solo asusta a sus vecinos mas no al poderoso Estados Unidos; un concepto muy soberbio sobre el segundo estado con mayor poder nuclear en el mundo. Además esta situación es mal intencionada porque ambos países venían en un proceso de negociación sobre Crimea y Ucrania desde el diciembre anterior; pero Washington transformó e ignoró a su antojo lo que se había pactado.    

La última crónica nos traslada al océano Índico austral y la historia no es otra que la fatídica desaparición del avión de la aerolínea de Malasia, extraviado hace ya 18 días con 239 personas a bordo.  En esta noticia toda la culpabilidad sobre la desaparición de la malograda aeronave se ha volcado sobre los dos pilotos del Boeing 777; las hipótesis lanzadas por las autoridades civiles de Malasia y difundidas ampliamente por la prensa internacional, atribuyen sin el menor cuestionamiento la opción de suicidio o de terrorismo perpetrado por uno o los dos miembros principales de la tripulación del vuelo MH370.

Solamente un viejo piloto retirado, el capitán Chris Goodfellow, ciudadano canadiense, se atrevió a esgrimir una tesis de fallos técnicos que habrían incapacitado a los pilotos y pasajeros, convirtiendo el itinerario en un viaje fantasma hacia los confines del Índico del sur. El señor Goodfellow aduce que es un penoso abuso condenar a la tripulación sin pruebas, quienes más vale si intentaron sin éxito salvar el avión y toda su tripulación.

De nuevo y en una acción recurrente sin excepción se prejuzga el comportamiento o se distorsionan los hechos para justificar arbitrariedades o actos de incompetencia. Como simple conclusión este es el mundo y así somos los seres humanos.   

lunes, 13 de enero de 2014

EFECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE LA DESTITUCIÓN DE PETRO


Fotografía alcaldia de Bogotá
Mucha tinta y sustanciales análisis se han desplegado con motivo de la constitucionalidad y de los alcances jurídicos y políticos generados a través de la destitución e inhabilidad impuesta a Gustavo Petro, por parte del procurador Alejandro Ordoñez Maldonado.

Mas poco se ha reflexionado y publicado sobre el impacto en el imaginario colectivo del país, en la credibilidad y la legalidad en el sistema electoral, las libertades y derechos de las minorías políticas, sus efectos sobre la terminación del conflicto ideológico y en general sobre el peligroso desequilibrio de poder que percibe el colombiano del común a manos de un troglodita religioso, que se cree ungido por Dios y la virgen María para asestar golpes políticos y disciplinarios a sus contradictores, con su antediluviana manera de concebir el derecho y la ley, todo bajo el auspicio del concepto del gobierno teocrático.

Sin embargo todo lo que en estas líneas puedo opinar sobre los futuros ambientes que se pueden escenificar entre la sociedad colombiana, son un mero ejercicio de conjeturar, pero pese a ello no se deben desestimar sus consecuencias.

Estimo que con esta decisión premeditada por la derecha del país y sus secuaces y encomendada al procurador, quien pierde en mayor nivel es el sistema de participación democrática en general, pues se puede presumir que el derecho a elegir y ser elegido se puede quebrantar a voluntad de un solo individuo con un poder omnímodo, sin que medie para ello condena judicial alguna, lo que representa que este funcionario está por encima de la voluntad de las mayorías.

Pero todo este embrollo existe como consecuencia de la suspicaz redacción de todos nuestros códigos y leyes que son poco precisos, y si más vale tienen un carácter vago, que permite ajustes en las interpretaciones.

Como por ejemplo de este caso particular pareciese que el alcalde de Bogotá tendría un fuero especial por ser el distrito capital, pero tal privilegio no está aclarado o siquiera definido.

Ahora como racionalizar que la primera instancia y subsiguientes para las apelaciones dependen del resorte del mismo todopoderoso funcionario o de sus subalternos.

¿Quién puede creer que un hombre altivo como Ordoñez Maldonado consideraría enmendar un fallo?

Como segunda reflexión ¿cómo queda la seguridad jurídica de la oposición ideológica? Con certeza que quedará herida; porque aunque el procurador actuó ceñido a la ley, su desmesurado castigo al infractor permite sospechar que la corriente ideológica contraria al mariano inquisidor, ha influido en la aplicación de la severa sentencia.

En tercer lugar toda esta bien urdida opereta es el simiente de nuevas formas de violencia, debido a que al encontrarse la oposición sin seguridad legal para mantenerse en los cargos de elección popular, es probable que algunos de sus miembros más retrógrados persistan en mantenerse en la subversión o en regresar a ella, como podría acontecer con algunos camaradas de Petro o con miembros significativos de la Farc y del ELN que se encuentran en las montañas de Colombia.

Por ello por donde se le mire, esta acción del procurador y sus socios conspiradores contra la paz atenta contra toda la nación, aun para quienes han instigado este macabro plan, puesto que el electorado se puede volcar hacia la izquierda moderada en respuesta y como solidaridad para con la victima de esta desproporcionada persecución.

Si las oportunidades de la izquierda eran bajas, ahora gracias a convertir a Petro en víctima del sistema desequilibrado, su grupo político puede ser catapultado en el congreso, convirtiéndose en el socio obligatorio para reformas y cambios constitucionales.

Ordoñez Maldonado, Uribe Vélez, Londoño Hoyos y demás esbirros de la derecha pueden haber cometido el mayor error estratégico de sus vidas.

Ahora ante la decisión que deberá tomar la CIDH en los próximos días sobre las medidas cautelares de protección para Petro, toca continuar observado desde la gradería el desarrollo de este incendiario y complejo debate social, político y jurídico.

Con ello veremos en unos meses cuáles serán las consecuencias definitivas sobre la institucionalidad, los partidos políticos tradicionales y la ciudadanía en general, que provendrán de este conflicto.

martes, 4 de junio de 2013

DISCERNIMIENTO SOBRE LA LIBRE OPINIÓN



Miembros de la CIDH en Washington


Fotografía sitio wed de CIDH
La libertad de expresión y de opinión es sin duda un derecho preciado y fundamental para el género humano, protegido por la legislación con el carácter de universal como lo confirma el artículo 19 de la declaración de derechos humanos que lo define así “todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión”,  lamentablemente esta norma es una expresión violada con marcada frecuencia, como lo documenta Amnistía Internacional en su reciente informe del 2012, en donde registra violaciones concretas en al menos 101 países.

Para la comisión Interamericana de Derechos Humanos, la obstaculización del libre debate de ideas y opiniones limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático y para ello nos recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre y la convención Americana sobre derechos humanos, además hace parte de la resolución 59 de la Asamblea de Naciones Unidas y de la declaración 104 de la UNESCO

Este preámbulo lo he realizado con el fin de establecer cuán importante es este derecho y así debatir cómo se hace de necesaria la autorregulación por parte de escritores de opinión y periodistas, además de la publicación de noticias y opiniones fundamentadas y confirmadas sin poner en riesgo la honra de las personas.

Hay una controversia que se debe actualmente establecer y es por qué los medios de inmensa cobertura han sido permeados por los grupos financieros e industriales, perdiendo por completo su objetividad e independencia convirtiéndose en el garrote  para castigar a disidentes, opositores y a todo aquel que entre en desacuerdo con los lineamientos económicos impuestos por estos grupos en el poder, usualmente abanderados del neo liberalismo económico y del conservadurismo político.

El método a seguir es la difamación sutil, arma esgrimida en Colombia, Ecuador y aun es Estados Unidos, por hábiles comentaristas de televisión, periodistas radiales y analistas de opinión, quienes jamás traspasan el umbral para llegar a la injuria o la calumnia, delitos que son penados con diferentes niveles de castigos desde pecuniarios a la privación de la libertad  según se determine en las legislaciones de estas naciones (en Colombia es un delito castigado con pérdida de la libertad).

Quien con contundencia se ha defendido de este juego provocador de canales de televisión y periódicos es el presidente Correa del Ecuador, quien deplorablemente se ha extralimitado en la respuesta a la disputa sostenida con el grupo de medios más influyente de su país y quienes defienden intereses del sistema financiero y son portavoces de políticos a quienes Correa a sindicado de corruptos; esta confrontación la ha valido al presidente ecuatoriano el adjetivo de contrario a la libre expresión por parte de sindicatos internacionales de periodistas y aun de la comisión interamericana de derechos humanos.

De todas maneras Correa tiene sus razones, los medios periodísticos no deben ser el instrumento de despotricar del régimen gobernante, sin mediar investigaciones serias y argumentos contundentes, pues su poder de penetración en la sociedad subvierten la gobernabilidad y posibilitan la ruina del sistema democrático que presumen defender; mas esto no le confiere el derecho a tramitar leyes que autorizan la mordaza legal en contra de todos aquellos que critiquen las actuaciones de su gobierno; el enjuiciamiento sano es necesario y la prensa es el poder llamado para ejecutarlo, porque no existen políticos ponderados con todos los sectores y a los gobiernos se les va la mano protegiendo a sus partidarios y sancionando a quienes no son sus aliados.

En Colombia el ejemplo se establece con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro vituperado por los 2 canales privados, los 2 periódicos principales de la capital y por las 2 cadenas radiales que ostentan el mayor número de oyentes.

Esta cacería de brujas  lanzada desde su posesión como alcalde ha degenerado en una inmensa polarización entre quienes desaprueban o avalan la gestión, además ha creado una figura de mártir de la causa para el alcalde, entre los pobladores ajenos a los vaivenes de la política y de los grupos de poder; esta imagen se ha acentuado como consecuencia de las denuncias que el realizó como senador,  sobre la abultada corrupción en la contratación pública en Bogotá,  que hasta al momento deja a 2 concejales presos, a otros 4 vinculados a la investigación, además de varios funcionarios distritales, un alcalde destituido y preso en investigación y algunos contratistas de gran envergadura económica y profesional, demostrando con ello que Petro es la figura anti corrupción que la ciudadanía ha estado buscando.

La ironía en esta historia es que entre más le desprestigian los medios, las ejecuciones y los hechos desmienten a sus detractores periodísticos, mejorando la imagen del alcalde y desacreditando a sus perseguidores por embusteros.

En Estados Unidos es a su presidente a quien le ha tocado capear a la prensa conservadora contraria a su gestión, medios que han inclusive cuestionado su nacimiento en el estado de Hawái o su orientación religiosa, siempre cumpliendo la premisa de sugerir sin difamar, pero podemos recordar el adagio popular que proclama como una mentira repetida muchas veces se puede convertir por ello en realidad.

Las libertades de expresión y de opinión acarrean obligaciones y responsabilidades, y no son tiquete expreso para apabullar opositores bajo la protección de las leyes universales que amparan estos derechos; el debate se centra en hasta donde se puede informar de las actuaciones públicas y privadas de las figuras publicas y en donde se establece el límite lo que se puede cuestionar, criticar y controvertir de las acciones y ejecuciones de las personas notables, puesto que la frontera es difusa como consecuencia de que el interés general prima sobre el particular, pero eso tampoco justifica una patente de corso para permitir la difamación y la injuria.

Además esta ruin maña alienta a otros líderes a limitar y obstruir el derecho a informar y a opinar, ajustando la legislación al tamaño de sus necesidades, coartando la crítica sana y el disenso sobre planes, políticas y excesos que afectan a todo el conglomerado.