EFECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE LA DESTITUCIÓN DE PETRO

Fotografía alcaldia de Bogotá
Mucha tinta y sustanciales análisis se han desplegado con motivo de la constitucionalidad y de los alcances jurídicos y políticos generados a través de la destitución e inhabilidad impuesta a Gustavo Petro, por parte del procurador Alejandro Ordoñez Maldonado.

Mas poco se ha reflexionado y publicado sobre el impacto en el imaginario colectivo del país, en la credibilidad y la legalidad en el sistema electoral, las libertades y derechos de las minorías políticas, sus efectos sobre la terminación del conflicto ideológico y en general sobre el peligroso desequilibrio de poder que percibe el colombiano del común a manos de un troglodita religioso, que se cree ungido por Dios y la virgen María para asestar golpes políticos y disciplinarios a sus contradictores, con su antediluviana manera de concebir el derecho y la ley, todo bajo el auspicio del concepto del gobierno teocrático.

Sin embargo todo lo que en estas líneas puedo opinar sobre los futuros ambientes que se pueden escenificar entre la sociedad colombiana, son un mero ejercicio de conjeturar, pero pese a ello no se deben desestimar sus consecuencias.

Estimo que con esta decisión premeditada por la derecha del país y sus secuaces y encomendada al procurador, quien pierde en mayor nivel es el sistema de participación democrática en general, pues se puede presumir que el derecho a elegir y ser elegido se puede quebrantar a voluntad de un solo individuo con un poder omnímodo, sin que medie para ello condena judicial alguna, lo que representa que este funcionario está por encima de la voluntad de las mayorías.

Pero todo este embrollo existe como consecuencia de la suspicaz redacción de todos nuestros códigos y leyes que son poco precisos, y si más vale tienen un carácter vago, que permite ajustes en las interpretaciones.

Como por ejemplo de este caso particular pareciese que el alcalde de Bogotá tendría un fuero especial por ser el distrito capital, pero tal privilegio no está aclarado o siquiera definido.

Ahora como racionalizar que la primera instancia y subsiguientes para las apelaciones dependen del resorte del mismo todopoderoso funcionario o de sus subalternos.

¿Quién puede creer que un hombre altivo como Ordoñez Maldonado consideraría enmendar un fallo?

Como segunda reflexión ¿cómo queda la seguridad jurídica de la oposición ideológica? Con certeza que quedará herida; porque aunque el procurador actuó ceñido a la ley, su desmesurado castigo al infractor permite sospechar que la corriente ideológica contraria al mariano inquisidor, ha influido en la aplicación de la severa sentencia.

En tercer lugar toda esta bien urdida opereta es el simiente de nuevas formas de violencia, debido a que al encontrarse la oposición sin seguridad legal para mantenerse en los cargos de elección popular, es probable que algunos de sus miembros más retrógrados persistan en mantenerse en la subversión o en regresar a ella, como podría acontecer con algunos camaradas de Petro o con miembros significativos de la Farc y del ELN que se encuentran en las montañas de Colombia.

Por ello por donde se le mire, esta acción del procurador y sus socios conspiradores contra la paz atenta contra toda la nación, aun para quienes han instigado este macabro plan, puesto que el electorado se puede volcar hacia la izquierda moderada en respuesta y como solidaridad para con la victima de esta desproporcionada persecución.

Si las oportunidades de la izquierda eran bajas, ahora gracias a convertir a Petro en víctima del sistema desequilibrado, su grupo político puede ser catapultado en el congreso, convirtiéndose en el socio obligatorio para reformas y cambios constitucionales.

Ordoñez Maldonado, Uribe Vélez, Londoño Hoyos y demás esbirros de la derecha pueden haber cometido el mayor error estratégico de sus vidas.

Ahora ante la decisión que deberá tomar la CIDH en los próximos días sobre las medidas cautelares de protección para Petro, toca continuar observado desde la gradería el desarrollo de este incendiario y complejo debate social, político y jurídico.

Con ello veremos en unos meses cuáles serán las consecuencias definitivas sobre la institucionalidad, los partidos políticos tradicionales y la ciudadanía en general, que provendrán de este conflicto.