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El manejo administrativo actual exige
realizar evaluaciones de desempeño basadas en las cifras económicas y los
indicadores de gestión. Estas apreciaciones ayudan a determinar la efectividad
y el buen manejo gerencial de proyectos, programas y empresas.
Los indicadores son datos estadísticos
sobre el comportamiento de todas las variables económicas en el pasado y el
presente, además permite realizar pronósticos sobre el futuro del
comportamiento del indicador en evaluación o de toda la organización en general.
A diferencia con el sector privado en
el estatal existen indicadores para evaluar los buenos resultados de la
ejecución presupuestal anual, es decir todo lo presupuestado debe ser
ejecutado. En contraste para los privados la buena gestión implica ahorrar contra
lo estimado a comienzos de año y desarrollar toda la tarea que se determinó
bajo estas asignaciones presupuestales.
Esta desemejanza obliga a mirar
realidades diferentes entre ambos sectores. Así mismo las cifras o indicadores
nos dan el soporte para la planeación y desarrollo de nuevas ejecuciones o para
la creación de nuevos proyectos o aplicación de futuras políticas públicas.
De ahí la importancia en la severidad
y el rigor en la recolección de datos para construir las estadísticas, al igual
que la autenticidad de las cifras y valores que se incorporan a los análisis
estadísticos. Estos son argumentos poderosos que se deben respetar porque la
econometría se surte de ellos para determinar proyecciones, ajustes o crear y reformar
programas. Porque si los datos son alterados las conclusiones y determinaciones
tomadas podrían ser fatídicas para el vivir digno de millones.
Después de esta introducción extensa,
quiero reflexionar sobre la forma como el Dane, según explica su director,
construye las cifras de desempleo para el país. Debo aclarar que esta
metodología es avalada por los organismos multilaterales que tienen presencia
en el país. Así que no es un capricho de la institución o de su director.
Hace unos días explicaba el director
de la entidad que desde que un colombiano labore una hora cada semana, se le
considera laboralmente vinculado y en esta calificación entran todos los
empleos informales vinculados al rebusque o lo que se conoce como subempleo.
Así que para efectos de evaluar la cantidad de gente empleada, el señor que
cuida carros en la calle, el vendedor de baratijas en el semáforo, el vendedor
de dulces en los buses del masivo o el que limpia parabrisas son empleados para
efectos de las encuestas de empleo.
Alternativamente a esta visión un poco
macondiana de los tipos de empleos que clasifican, el economista Antonio José Ocampo
uno de los más reconocido profesionales colombianos en este campo, consideró en
un análisis culminado en octubre pasado para la presidencia de la república,
sobre las condiciones de vida del sector agrícola campesino, cómo las variables
de disminución de la pobreza y de la pobreza extrema venían impulsadas no por
un mejoramiento del ingreso de las familias campesinas, sino por un cambio de medición impuesto desde el 2010 por el PNUD
(Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo) que consideró ajustes e introdujo
nuevos parámetros.
Estas nuevas magnitudes son conocidas
como las variables multidimensionales, que evalúan los programas estatales de
subsidios y mejoras del hábitat. Eso significa que se debe considerar e incluir
los efectos de todos los programas subsidiados.
Desde salud como el SISBEN, programas
de familias en acción y familias guardabosques, además de todos los planes en higiene
sanitaria o medio ambiental, educación y mejoramiento de las viviendas
auspiciados por el estado. Todas campañas muy loables que evidentemente afectan
y mejoran las condiciones temporales de vida del campesinado, pero no generan
progreso en el ingreso para el mediano y largo plazo, agotando con el tiempo
las aparentes mejoras en la calidad de vida.
En el informe Ocampo hace hincapié de
como con el cambio en el manejo de las variables de cálculo, los guarismos han
sufrido una disminución positiva de hasta 30 puntos porcentuales en las cifras
que miden la pobreza en las zonas rurales, pero no dejan de generar una
distorsión preocupante que debe ser tenida en cuenta en la evaluación para la
aplicación de nuevos proyectos y políticas de beneficio para el sector rural
colombiano. El país presenta uno de los niveles de desigualdad más alto del
continente, así que de la implementación acertada de estrategias y políticas
depende la verdadera disminución de la inequidad y la pobreza, efectos que son
las bases que auspician la reconciliación y siembran paz.
Estos efectos que ha causado el cambio
metodológico no dejan de causarme incertidumbre sobre cómo van a afectar la
aplicación de nuevos programas, como por ejemplo el de la agricultura familiar.
Porque al partir de supuestos mal establecidos en la mejora de las condiciones
de hábitat se pueden estrechar plazos, desmejorar condiciones, aumentar monto
de intereses y disminuir nuevos subsidios con destino al agro, perjudicando de
nuevo a los posibles beneficiados con estas estrategias. De igual manera como
estas técnicas de medición son aplicables a cualquier país de los denominados
subdesarrollados su afectación real es a varios cientos de millones de personas
en el orbe.
Para el cierre les dejo esta
consideración y es sobre la importancia de como los indicadores y las cifras de
gestión condicionan la orientación en la toma de decisiones que afectan el
futuro de la gente; de ahí lo oportuno que resulta el manejo adecuado y
ponderado de estas estadísticas y cifras pues su efecto es de importancia
vital.
Muchos de los problemas radican en la autenticidad de las cifras presentadas, la metodología utilizada, y sobre todo la cantidad de sesgos presentados durante la recolecta de datos. De allí que muchas veces difieran respecto a la percepción subjetiva de las personas. Dada su gran versatilidad de los datos utilizados, se pueden conjurar en manipulación para lograr artimañas políticas.
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