Fotografía sitio web del ministerio de justicia
El reciente penoso incidente de derrumbamiento del edificio Space,
abre nuevamente en mi opinión, la discusión de como los anti-valores son los que
hoy en día dominan el panorama moral colombiano.
No transcurre un día en nuestro país sin que se escuche de
una nueva denuncia por violaciones a la ética profesional o a la moral; jueces
y funcionarios judiciales cuestionados por enmarañar casos penales para que
prescriban, fiscales que se extralimitan o dejan de cumplir el deber;
congresistas que solo legislan para favorecer a sus financiadores de campañas
electorales, contratistas que especulan con la calidad de las obras y sobornan
para burlar los controles técnicos, o para obtener otros contratos en
licitaciones amañadas; grupos empresariales que amparados en la débil o
incompleta legislación consiguen la adjudicación de miles de hectáreas de baldíos
por efecto de las artimañas legales que sus apoderados emprenden; funcionarios
que permiten registrar propiedades que han sido obtenidas por medios
fraudulentos o violentos; reformas constitucionales como la reciente ley de
salud apadrinada por el ministro y economista Alejandro Gaviria, que según se
denuncia solo favorece al capital privado, pues permite que los aportes públicos
de los ciudadanos se transformen en dineros privados a través de astutas
manipulaciones.
Y como si toda esta serie de infaustas noticias no fuese suficiente,
ahora se pone al descubierto la falta de escrúpulos técnicos y profesionales en
los que incurren algunas compañías constructoras de vivienda, como se ha
evidenciado con la catástrofe anunciada del desplome del edificio Space en la
ciudad de Medellín.
Este complejo multifamiliar está compuesto por viviendas
avaluadas entre los 132 mil hasta los 265 mil dólares, en un país en donde un
salario mínimo es de 314 dólares mensuales aproximadamente; en consecuencia con ese
nivel de precios estos habitáculos son considerados residencias para el estrato
más alto.
Por consiguiente llega el cuestionamiento ¿hasta dónde
nuestra fragilidad ética se extenderá? Si ni siquiera está a salvo ahora el patrimonio
considerado de mayor valor para las familias, el que exige los planes de financiación
con el mejor plazo además en consecuencia tiene un alto costo, y por el que la mayoría
de las personas realizan el mayor esfuerzo para su adquisición; si ya no es
fiable la calidad de la vivienda entonces que quedará verosímil en este país.
Ante un aparato judicial, legislativo y policial permeado por
la corrupción o intimidado por la violencia, cual es el destino de nuestra
nación.
Para cerrar reseño el actual panorama de incumplimientos, por
el desdén y la displicencia de los funcionarios públicos de primer nivel con
los sectores indígenas y campesinos que deben usar otra vez la amenaza de paros
y tomas de las principales carreteras del país, para así obligar a ejecutar los
acuerdos pactados.
Cuando entenderán las elites que nos gobiernan y administran,
que hemos entrado en un espiral de protestas y desesperación por cortesía de
los sucesivos atropellos y de las decisiones arbitrarias, como la que recientemente
ha otorgado un descarado aumento de 7.8 millones mensuales a los congresistas,
mientras se fabrican disculpas absurdas sobre el presupuesto nacional y la
productividad de comercios e industrias para otorgar aumentos pírricos en el
salario mínimo, o para otorgar los subsidios y ayudas a los sectores
vulnerables.
¿Insensibilidad? Y entonces si la sal está insípida o es ya
tal su estado de decadencia que esta corrupta, cual es el camino de solución.
Creo que cada uno de nosotros debe interiorizar una reflexión
y responder a esta pregunta.
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