ARTIFICIOS APLICADOS DESDE EL PODER

 

Catatumbo Colombia

Fotografía Web Ministerio de Agricultura

Situaciones acaecidas en los últimos meses ratifican el juego sucio con el que el notariado procura mantener para si el monopolio del poder; desde la revocatoria al alcalde de izquierda moderada Gustavo Petro, auspiciada por un congresista del partido de la U, hasta la veloz investigación orquestada desde la procuraduría por el cambio en el modelo de recolección de las basuras en Bogotá de privado a público, lo cual implica posibles faltas de la primera autoridad capitalina, y que amenazan con una suspensión temporal o definitiva del cargo, aunados estos eventos a la deslegitimación y al embuste auspiciado por altos mandos en el gobierno sobre el derecho de los campesinos del Catatumbo a obtener una zona de reserva campesina, o la presunta invalidación con decretos de la decisión en las urnas de los pobladores de Piedras Tolima, que rechazaron la incursión de anglo Gold Ashanti en su municipio; son estas acciones, descripciones manifiestas del singular modo como los dueños del establecimiento colombiano y sus subalternos dentro del gobierno, amoldan lo que vaya en contra de sus inmensos y particulares intereses.

Lo indecente en todas estas determinaciones es observar cómo se llega al extremo de desconocer la legislación que ha estado imperando, introduciendo nuevas normas redactadas para modificar el orden legal y así favorecer a sus partidarios y benefactores, que son minorías que sobreviven amparadas por el sistema que nos gobierna, mientras de otra parte estas mismas decisiones esquilman y explotan a la mayoría de habitantes del país.

Entre tanto se habla de diálogos de paz en la Habana, aun bajo las dudas y el cuestionamiento de gran parte de la sociedad, se conspira contra ella al fomentar nuevas injusticias de carácter social, negando alguna posibilidad de acceder a la propiedad y titularización de la tierra en minifundios para los campesinos del Catatumbo o fomentando la degradación de las aguas de regadío de extensos plantaciones de arroz y del consumo humano para los campesinos de Piedras en el Tolima, al apoyar con nuevos decretos las aspiraciones de la multinacional sudafricana, para ello controvirtiendo los deseos de los habitantes de esta región de la patria.

Como se pueden leer y entender estos contrasentidos,  conversar de paz pero igualmente de fomentar la guerra, a través de decisiones que maltratan a la mayoría y favorecen a muy pocos que se hayan en el extremo más rico de la sociedad, únicamente justificando este accionar en la codicia de este puñado de colombianos, para quienes el interés económico personal se encuentra por encima del resto de ciudadanos, porque la inmediata consecuencia de delimitar una zona de reserva campesina es que restringe las zonas de desarrollo agroindustrial perjudicando la existencia de los grandes latifundios dedicados al  cultivo de la palma  de aceite o evitando las acciones de monopolizar tierra a bajo precio, como los hechos que involucraron al ingenio Castilla Riopaila denunciados por uno de sus accionistas; comprendiendo bajo estos argumentos que esta es la  razón que promueve el desinterés del gobierno Santos en fomentar en el Catatumbo el desarrollo de los minifundios, pues prefiere  como objetivo favorecer a los grandes cultivadores de palma.

En cuanto a la Colosa, la mina de oro en la que la multinacional sudafricana ya ha hecho cuantiosas inversiones, es sin duda un monumental negocio para la empresa sus accionistas y empleados colombianos, pero no para el resto de pobladores de la nación, todo como consecuencia de los niveles de tributación y de regalías exiguos, cuestionados ampliamente por expertos tributarios que han identificado la gran debilidad en nuestras leyes que no tienen los instrumentos para auditar los reales niveles de explotación minera, razón que permite a las multinacionales a declarar lo que deseen de cuanto extraen del subsuelo y distraernos con sus compromisos de responsabilidad minera y empresarial.

La explotación minera siempre agrede los ecosistemas, y con mayor razón al bosque andino que es tan vulnerable, además de ser la cantera de las aguas que surten varios acueductos veredales, fluyendo con todos sus ríos hacia el valle del Tolima, zona agrícola colombiana dedicada al cultivo del arroz, producto básico en nuestra dieta, motivo suficiente para negar el uso del agua para usos tan peligrosos como el tratamiento y refinación del oro con cianuro u otros metales.

Así que el discurso de los ministros de santos, tildando de extremistas y de terroristas a quienes se atreven a disentir o cuestionar estos desmanes legales resulta incoherente, ante las pruebas y el sentido común que nos enseña que la razón en ambos asuntos esta de lado de las comunidades afectadas, puesto que arroz con cianuro, como resultado del riego con aguas contaminadas no es un asunto ni siquiera para evaluar, o negar que la adjudicación y titulación de tierras en el Catatumbo resta argumentos a la práctica ilegal de sembrar coca y amapola, o de fomentar grupos al margen de la ley como guerrillas o autodefensas es absurdo, pues la  consecuencia es que la legitimidad obliga al mismo estado a realizar presencia en la zona con todos sus instituciones, acabando con el ininterrumpido olvido en el que se ha hallado esta zona del país, argumento impulsor de todos estos problemas desde hace 5 décadas.

Es muy grave que todas estas dificultades sociales que enfrentan las grandes mayorías sean percibidas por la elite gobernante como asuntos de individuos desadaptados sociales, incapaces y holgazanes que solo aspiran a los regalos y subsidios del estado; cada episodio debe ser analizado y examinado con celo extremo, para así comprender los orígenes y la evolución de estas crisis y conflictos, so pena de cometer errores de juicio que deshumanizan más a nuestra sociedad y encaminan a toda la nación por caminos muy inciertos.

Solo resta aguardar con optimismo, que esta inverosímil manera de evaluar el descontento social disminuya o se revalúe, ¡así! para aquellos que deben tomar las grandes decisiones resulte imposible comprender desde sus elevadas posiciones que los pobres son mayoría y no pertenecen a esta consideración social por gusto o holgazanería, y mas bien si son el resultado de aplicar cíclicas políticas para negarles todo derecho y alguna posibilidad de mejorar o prosperar.