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| El ministro de Hacienda y el director de la DIAN |
Fotografía ministerio de Hacienda
Es de común ocurrencia que se tomen resoluciones y acciones que van en la absoluta dirección opuesta, a lo que el sentido común, o los antecedentes juiciosamente investigados y analizados recomiendan.
Y las acciones para poner de manifiesto esta consideración fluyen en abundancia.
Hemos sido testigos en Colombia a través de las 4 últimas décadas de la progresiva destrucción de la moralidad social.
El fenómeno del narcotráfico se posiciono como una respuesta a la falta de oportunidades de progreso económico, gracias a la inmensa miopía de la dirigencia política y privada, en democratizar un poco la tenencia de los medios de producción; hacer empresa en Colombia para los emprendedores de la clase media o baja resulta una tarea titánica, asunto que fomenta las industrias de lo ilícito, en la búsqueda del progreso económica.
En los 70s eran muy pocos los ciudadanos dedicados a producir narcóticos y la corrupción administrativa privada o pública eran digamos tolerables.
Lamentablemente se le dio la espalda a las múltiples necesidades de una creciente población citadina; recuerden los tamaños de la población de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga Cartagena, o las ciudades del viejo Caldas hasta 1980, y luego observen el desmedido crecimiento que estas capitales vivieron, gracias al auge de las empresas y negocios lícitos derivados de las utilidades del narcotráfico, que convirtieron a estas urbes en el imán atractivo para miles de campesinos ignorantes, desposeídos y abandonados por el estado indolente, y que vieron un posible dorado en las oportunidades económicas que resultaron gracias a las innumerables plazas de empleo no calificado, que se ofrecían a estos inmigrantes y que finalmente languidecieron por los severos controles que las autoridades impusieron al lavado de activos provenientes de estas actividades.
Desde ahí hasta la actualidad solo se profundizaron día a día los problemas sociales, y contrariamente a lo que el sentido común recomendaría, entre los gremios y la alta clase política siguieron empecinados en actuar y gobernar de espaldas a las necesidades apremiantes de la gran mayoría que puebla el país.
Sucesos como el del Quimbo, la falta de inversión en educación, salud y desarrollo en toda la cuenca de la costa pacífica, las indecisiones por las presiones de un pequeño gremio de transportistas, en la modernización de la red férrea nacional con la financiación extranjera, la ineficiente política de titulación minera, la concentración de altas pensiones en una minoría de funcionarios privilegiados que son menos del 1% que consume el 60% del valor total de las pensiones que se otorgan en Colombia, la inexistente regulación y delimitación de zonas de protección ambiental en paramos y bosques naturales, las presiones para urbanizar extensas aéreas suburbanas por cuenta del dinero del estado, pero para beneficiar a una minoría de las constructoras y urbanizadores de siempre, como el caso ALO en Bogotá; son el ejemplo de cómo nos deterioramos crecientemente como sociedad.
Leía hoy un informe de la Silla Vacía, en la que los presidentes de los tres gremios más poderosos del país, Asobancaria, La ANDI y la Cámara Colombiana de Infraestructura, posaban de ofendidos y escandalizados por unas medidas que el ministro de hacienda, el superintendente de sociedades, el director de la DIAN, y el superintendente de industria y comercio han tomado en los últimos 18 meses, con el fin de reglamentar y cerrarle el paso a prácticas monopólicas, de inmensa evasión tributaria, de control de tarifas y servicios prestados por el sistema financiero; todas sin menoscabar las inmensas utilidades y beneficios que reciben los poderosos comerciantes e industriales asociados en estos gremios.
Pero como estos líderes y sus gremios, han estado siempre acostumbrados a obtener máximas rentabilidades sin mayor normatividad que los controle en sus actividades, les perturba y por tanto denigran de ellos, ahora que los funcionarios del gobierno Santos, les imponen reglas y leyes que disminuyen sus notorios abusos.
Cambiando de escenario me he encontrado con la noticia sobre la muy peculiar alianza en Europa, entre los líderes conservadores de España, Alemania, Reino Unido y Francia, buscando apoyar la reelección del actual presidente francés Nicolás Sarkozy; noticia que denuncia la inoportuna intervención de Merkel, Rajoy y Cameron en la política domestica Gala, de cara a las próximas elecciones para escoger el sucesor de Sarkozy o su eventual reelección.
La sabiduría popular enseña que es muy peligrosa, la intromisión de los jefes de gobierno de otras países para influir en el balance electoral de un estado, mas cuando se trata de las elecciones nacionales; además las normas de derecho internacional recomiendan la no intervención de unos estados en los asuntos internos de otros, por lo explosivo que pueden resultar esas acciones; aun así Merkel ya ha estado haciendo campaña al lado de su aliado, todo por el afán de mantener vigentes las políticas económicas conservadoras de disminución de los déficit fiscales a través de la contracción del gasto público, en clara contravía a la reactivación económica auspiciada con el aumento del consumo de bienes y servicios.
Locura o excesiva confianza en sus actuales políticas macro-económicas, por parte de los dirigentes conservadores de Europa, solo el tiempo juez inobjetable lo aclarará; por lo pronto esperemos que esta práctica de imponer candidatos sucumba, so pena de convertirse en un modelo a seguir en otras latitudes.
Se imaginan amables lectores una alianza entre Porfirio Lobo, Ricardo Martinelli, y Sebastián Piñera, para apoyar una nueva reelección de Álvaro Uribe en el país, como nos molestaría a los colombianos.
Bueno es un símil de lo que los dirigentes europeos quieren imponer en el viejo continente.
En definitiva peligrosos contrasentidos, ajenos a la realidad actual, que marcan caminos de altos riesgos sociales, tanto en Colombia como en Europa.
