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lunes, 12 de marzo de 2012

PROYECTOS CON BENEFICIOS CONTROVERTIDOS

Fotografía pagina web alcalde Mayor de Bogotá
Sin duda los recientes hechos de orden público, acontecidos en el departamento del Huila y en Bogotá, auspiciados por la inflexibilidad con que se han tomado algunas determinaciones impopulares, es la razón de la consideración de hoy.

La construcción de la represa del Quimbo, que remonta su historia al año de 2008 en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, es una obra, que según reportó Alfredo Molano en marzo de 2009 para el periódico el Espectador, se construye para exportar excedentes de energía, al Ecuador, Centro América y el Caribe; la obra ocasionará el desplazamiento de 800 familias que residen en la zona de inundación además de una amplia lista de efectos ambientales y sociales nocivos, sin más argumento que la confianza inversionista promovida ávidamente por el gobierno anterior y con una justificación manida, sobre la ampliación de las reservas energéticas del país, como lo sostiene el presidente actual.

El segundo suceso relevante puesto de manifiesto en la semana que concluyo, es el creciente caos en la movilidad del transporte público, que subsiste hoy en día en la ciudad de Bogotá.

Desde la alcaldía del señor Enrique Peñalosa, se gestó y desarrolló el proyecto de transporte masivo llamado Trans-Milenio, inaugurado en el diciembre del 2000, que auguraba la solución para el confuso desplazamiento vial dentro de la capital; lamentablemente 11 años mas tarde y como algunos estudiosos de los temas de desarrollo urbano lo habían advertido, el sistema ha venido colapsando por una serie de motivos de los cuales trataré de esbozar algunos.

El mayor problema que adolece el sistema de buses articulados es que su máxima eficiencia está calculada para urbes con poblaciones inferiores a dos millones y medio de habitantes, de ahí en adelante el exceso de viajeros va deteriorando el sincronismo; a mayor flujo de pasajeros crece la lentitud en los abordajes y desembarcos, aumenta el número de articulados en la vía, disminuyendo la velocidad de desplazamiento entre estaciones y obstruye las rutas denominadas expresos.

Pero en Bogotá para acrecentar más los problemas, los señores empresarios del transporte no despachan todos los buses que exige la creciente demanda, por una jugada magistral de los operadores que sacrifican a los usuarios, para obtener mayores ganancias. Así que aparte de que hay demasiados pasajeros, no salen a circulación los buses necesarios para toda esta cantidad de viajeros, ralentizando en mayor escala todo el servicio, anexémosle que las estaciones ya no dan abasto para el flujo de usuarios, por la deficiente planeación inicial de hace 11 años; lo que finalmente ha llevado a los ciudadanos a iniciar protestas y bloqueos que finalizaron con el vandalismo registrado por los medios.

Todo este desorden es el producto de sobrevalorar las bondades del proyecto, que en ciudades como Bogotá, con una alta densidad poblacional, se convierten en la alternativa de suministrar pasajeros a un sistema verdaderamente masivo, como el metro o un tren ligero.

Muchas discusiones se han levantado sobre este asunto, por lo costoso que resulta la construcción de un metro en la actualidad; pero mientras la ciudad se ahoga en sus inmensos problemas de circulación, los políticos oportunistas pescan en medio de las dificultades planteando soluciones superficiales, aplazando la verdadera solución, mientras los ciudadanos del común siguen sufriendo por la lentitud en el desplazamiento y el apiñamiento abusivo en las estaciones y los buses articulados.

No he pretendido dar una charla académica sobre transporte y movilidad; simplemente es esbozar como el oportunismo de políticos y líderes  empresariales, venden planes maquillados con el supuesto beneficio común, que finalmente solo recompensa  a sus gestores tanto públicos como privados a costa del pueblo raso, para ello cuentan con medios periodístico prostituidos que difunden sus engaños y de ciudadanos desinformados que creen ciegamente en todos los decires de estos administradores públicos, que hábilmente confunden al ciudadano y legitiman sus ideas.

No son los desarrollos de los proyectos del Quimbo y de Trans-milenio la causa de los problemas acaecidos, son los enfoques distorsionados sobre los beneficios, y el lucro exagerado para unos pocos los que ocasionan los conflictos.

Los articulados han sido una buena idea, que marcharía medianamente en la actualidad si se respetaran los flujos de buses, se ampliara la cobertura de las estaciones y se desarrollara a la par con la búsqueda de soluciones menos efímeras, para nuestros crecientes aumentos poblacionales.

En cuanto a la producción de energía hidráulica, es obvio que necesitamos del aumento de la capacidad instalada de generación, pero respetando los derechos de los pobladores directamente afectados y favoreciéndolos con verdaderos proyectos de desarrollo alternativo, salud y educación, además de premiarlos con costos de energía ampliamente subsidiada, dado el sacrificio que estas comunidades se ven obligadas a aceptar.

Finalmente raciocinemos sobre como la mala orientación y el desarrollo distorsionado de los grandes proyectos, los convierten en fracasos para el colectivo, ya que terminan generando más violencia e iniquidad como lo podemos comprobar con las protestas realizadas a orillas del rio Magdalena en el Huila y en la capital del país.

sábado, 25 de febrero de 2012

ABUSOS DE AUTORIDAD

EXTRA-LIMITACIONES ATRIBUIDAS A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Desalojo en New York
Fotografía Sito web Ocuppy Wall Street 
Es sin duda un padecimiento que aqueja a todas las  democracias por igual; los desafueros causados por quienes tienen el deber constitucional de preservar la ley y el orden.

Casos como el acontecido en el departamento del Huila, en inmediaciones del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, en el que ha brillado la desproporción de la fuerza empleada por las autoridades de policía; haciéndose por tanto demasiado notorio la precaria normatividad para aplicar en situaciones semejantes, ademas del excesivo  celo profesional con el que proceden los participantes en estos trámites; necesariamente nos obligan a reflexionar para mejorar estos comportamientos  hacia situaciones futuras.

Lamentablemente como lo expuse inicialmente, evidenciado sucesos ocurridos en otros países, siempre nos topamos con energúmenos, que provistos de un uniforme oficial descargan todas sus frustraciones, aplicando el más variado abanico de violaciones a los derechos humanos y el irrespeto a los mínimos comportamientos civilizados humanos.

Evoquemos hechos recientes; en Valencia España un grupo de policías la emprende con el acostumbrado exceso, contra un grupo de estudiantes escolares, que protestaban por la desatención física que presentan sus aulas en las escuelas oficiales, con vista a los crudos inviernos que regularmente se presentan en Europa.

En Estados Unidos, el movimiento de los indignados ha sido replegado de las plazas y sitios de protesta, utilizando una amplia gama de métodos de represión contra civiles desarmados; los resultados muchos heridos y ciudadanos con alteraciones físicas para el resto de sus vidas.

Ahora analicemos que hay atrás de estas protestas y sus consecuentes desmesuradas muestras de crueldad oficial.

Simplemente burócratas y funcionarios mediocres, a quienes sus obligaciones y compromisos para con las comunidades que representan, les han resultado superiores a sus intelectos y conocimientos.

No hay protestas motivadas en el mero capricho o por la simple moda de algún grupo humano en particular.

Los indignados no salieron a las plazas para encontrar otras maneras de utilizar el tiempo, o para mejorar su comportamiento social; al igual que los campesinos y pescadores del Quimbo o los jóvenes estudiantes escolares españoles; todos sin excepción tienen una razón para rebelarse y exigir soluciones a sus problemas.

Así que cuando estos infames funcionarios y burócratas ven como los problemas originados en su indolencia, anudada a su incapacidad técnica y a la falta de humanidad les sobrepasan, recurren sin vacilar al elemento más sencillo que provee la administración estatal, la represión utilizando los medios que los gobiernos proveen para tal fin.

Adicionalmente los grupos de represión, en su mayoría están conformados por personas bajas de intelecto que no piensan, solo obedecen ordenes, de ahí las flagrantes violaciones y las exageraciones en el uso de la fuerza.

Por eso cuando situaciones como la del fuero militar se discuten en Colombia, los defensores de derechos humanos se pronuncian con tanta contundencia. Y para analizar estas medidas debemos despojarnos de los fanatismos expuestos por el ex presidente Uribe y sus secuaces; profundizando en el estudio de los efectos de esas normas con total frialdad técnica y sensatez.

Afortunadamente el presidente Santos en buena hora ha reflexionado sobre este entuerto, que permitía en primera instancia, que las violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, quedaran a merced de la justicia penal militar, que en el país no sale bien librada por su manifiesta parcialidad con los miembros de las fuerzas armadas.

Cierro esta participación considerando que son las malas administraciones y los mediocres funcionarios públicos, los únicos culpables de las protestas ciudadanas que terminan con los mencionados abusos por parte de las fuerzas de la ley. Por tanto los juicios y condenas deberían incluir a estos incompetentes que no solo hacen daño a la ciudadanía por no realizar bien su tarea, sino que además trasforman su ineficiencia en violencia represiva.

lunes, 6 de febrero de 2012

INVERSIÓN EXTRANJERA O DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES



Proyecto del Qimbo- Huila
Fotografía Luis Roberto Chiappe; Pag Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Desde hace un año aproximadamente me enteré de un dispendioso conflicto entre el gobierno nacional, los ciudadanos de varios municipios del departamento del Huila y las multinacionales Emgesa, que construye la represa del Quimbo, y Emerald Energy quien explora en busca de petróleo; disputa que está originada en los incumplimientos de las empresas con sus contribuciones a mitigar los impactos sociales y ambientales de las comunidades directamente afectadas con estos desarrollos.

Procesos que igualmente como los que ha desarrollado la compañía minera canadiense Greystar, ahora llamada Eco Oro mineros Corp, en el páramo de Santurbán  en Santander, adolecen del mismo mal, que tiene sus fundamentos en la deficiente legislación colombiana para otorgar los títulos mineros y las licencias ambientales; todo esto añadido a las protectoras figuras legales otorgadas para la confianza inversionista, que le han dado un vuelco significativo a la inversión extranjera en el país, pero a expensas de la sistemática violación y depredación de nuestros recursos más preciados, el agua, los bosques, las tierras cultivables y los habitantes afectados por la marcha de estas explotaciones.

Debo aclarar que no soy un enemigo de la inversión extranjera, puesto que se necesita en países con economías mediocres como el nuestro; pero esta asignación de recursos se debe establecer con reglamentaciones claras sin perjuicios al patrimonio natural colombiano o al de sus habitantes.

Avanzando con la historia, en la semana que concluyó, el especialista Guillermo Rudas Lleras, consultor del consejo nacional de planeación, publicó una denuncia en el portal razón pública, en la que menciona de manera clara y cimentada con cifras y estadísticas, como la gran mayoría por no decir todas las compañías extranjeras del área de minería, están burlando nuestro sistema tributario aplicando el mismo comportamiento que sus pares del sector energético; aprovechándose del poco control sobre sus actividades y de la legislación endeble, estas empresas deberían de cancelar en promedio un equivalente al 27.6 de sus utilidades como impuesto de renta, pero estas contribuciones se reducen a un 15% gracias a los hábiles manejos  y a la desorganización  en el registro y comprobación de sus verdaderos niveles de explotación o de producción.

Así como lo leen, nos hacen conejo reportando menores niveles de obtención de los minerales que extraen del subsuelo, para de esta manera tributarle menos al país.

Al fusionar estos dos aspectos se comprende que hay un gran abuso por parte de las multinacionales y un tremendo desorden unido a una gran corrupción en los ministerios e institutos encargados de fiscalizar los volúmenes de explotación y velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.

Solo nos resta denunciar por todos los medios y exigir a los organismos de control competentes, realizar las verificaciones necesarias, detener los procesos dolosos y denunciar penalmente a todos los infractores.

Nuevamente nos vemos abocados a visualizar una realidad trágica, en la que los extranjeros explotan nuestros recursos inmisericordemente y nos dejan solo migajas que no compensan el daño ambiental,  y el desplazamiento de las comunidades afectadas por los diferentes procesos y demás impactos generados.

Urge establecer leyes claras y concisas para continuar con el avance de los nuevos y viejos proyectos, además destituir a todos los funcionarios apátridas, que se lucran a costillas de los recursos de todos.

Los invito a apoyar las denuncias y a exigir la adecuación de las leyes, acordes con el tipo de explotación o de procedimientos a ejecutar, con nuestros recursos naturales no renovables; puesto que la indiferencia ayudará a propagar un país sin agua, bosques y tierras agrícolas en las décadas venideras.